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UN MÉXICO PARA TODOS. PROPUESTA PROGRAMÁTICA 2012: Un país de iguales, con justicia, libertad y soberanía. PDF Imprimir Correo electrónico

Cuauhtémoc Cárdenas

 


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México, D. F., 7 de febrero del 2012.

Cuauhtémoc Cárdenas.

Agradezco y saludo con afecto la presencia de todos. Agradezco en especial que en esta reunión de quienes hemos elaborado, actualizado e impulsado el proyecto Un México para todos, nos acompañe nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista.

Quiero empezar por decir que hemos seguido trabajando en el proyecto Un México para todos, presentado inicialmente en febrero del 2004, que lo discutimos ampliamente, llevándolo a diversos foros, en diferentes partes del país, lo actualizamos en los meses subsiguientes y que más recientemente se ha hecho una nueva actualización, además de haber estado colaborando en la formulación de otras propuestas de objetivo y orientación similar. En estos documentos, que queremos aportar para la elaboración del compromiso electoral de las fuerzas democráticas con la ciudadanía, está la visión de un grupo progresista, con sólido compromiso con nuestro pueblo y nuestra nación, de cómo abordar problemas que de solucionarse como se propone, consideramos se lograría un futuro inmediato y mediato de bienestar, paz y tranquilidad para la gente y de desarrollo y progreso real para el país.

 

Quiero también, en estas primeras palabras, señalar que Un México para todos se enmarca en el compromiso ideológico y de práctica política con el que nació el Partido de la Revolución Democrática, que fue, como se dijo aquel 21 de octubre de 1988 cuando se convocó a formarlo, para ser el partido de la Revolución Mexicana, de la democracia, de las reivindicaciones nacionales y populares, de la constitucionalidad y del progreso. En aquella fecha la naciente agrupación se propuso poner un alto a la destrucción consciente y sistemática de las instituciones y creaciones de la Revolución: el ejido, la cooperativa, el contrato colectivo de trabajo, el sindicato, la empresa pública en las ramas dónde nuestra independencia económica la hace imprescindible, así como recuperar los ideales históricos de este movimiento popular y de llevar a la práctica su proyecto nacional, como la vía para superar los problemas del país y del pueblo, para asegurar el tránsito hacia estadios superiores en nuestra organización política y social, y en la convivencia internacional.

Vale recordar que el partido nació también como el partido que en su devenir estaría poniendo al día las ideas de la Revolución y proyectándolas hacia el futuro, como el partido de la pluralidad patriótica, progresista y democrática, al agrupar en su seno al amplio abanico de organizaciones y ciudadanos que con firmeza y convicción libraron las luchas de 1988. Esa pluralidad permitió construir una fuerza de solidez tal que resistió la violenta hostilidad generada en su contra desde el gobierno central por más de un sexenio, crear conciencia, en el conjunto de la población, que la participación activa en la vida pública lograría el respeto al sufragio y a partir de éste, transformar con sentido progresista y democrático la vida política de la nación. Ese logro de pluralidad y de haber constituido la mayoría política de la nación, debe ser, sin duda, objetivo y reto en las jornadas electorales de hoy.

La lucha en la que nos encontramos ha estado llena de vicisitudes, de obstáculos puestos por quienes se benefician de mantener un régimen entreguista, de privilegios y corrupción.

Más de 600 compañeros han perdido la vida en el esfuerzo por el cambio. Siguen siendo faro y compromiso de nuestra lucha, en la que estaremos firmes hasta alcanzar las metas por las que ellos cayeron.

El actual proceso electoral tiene lugar en el medio de una severa crisis económica de dimensiones globales y se realiza cuando el país atraviesa por una de las situaciones más graves vividas en el curso de su historia: de miseria creciente, violencia que se expande y delincuencia que se fortalece, dependencia, desempleo, rezago económico, concentración de la riqueza, descrédito de la autoridad, corrupción, exclusión social y desánimo cívico.

En la lucha por la renovación de los Poderes y para marcar el rumbo que se imprima al desarrollo del país, se enfrentan, una vez más, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia desde que México conquistó su independencia, dos proyectos opuestos, que se inscriben en las líneas de los proyectos históricos que han disputado sobre los rumbos que siga la nación y hacia donde apunten los beneficios del progreso, y que hoy podemos identificar, uno, como el de la subordinación a intereses ajenos, la desigualdad y la exclusión social, impuesto y desarrollado con rigor en las últimas tres décadas y al que los grupos entreguistas y retrógrados pretenden dar continuidad, y dos, el de un desarrollo independiente, de igualdad y progreso, en el que la nación pueda decidir soberanamente sus destinos a partir del mandato democrático de la ciudadanía, que es por el que han venido luchando y el que en la presente circunstancia corresponde impulsar a los sectores progresistas y democráticos.

A lo largo de la contienda electoral es previsible que los adversarios pretendan llevar la discusión a la calidad y a lo que proyecta la mercadotecnia y no a las cuestiones de fondo, a las propuestas, a cómo, con qué instrumentos y con qué objetivos se plantea la solución de los grandes problemas de México y los mexicanos, que es a lo que debiera darse atención y prioridad en el análisis y discusión de ciudadanos y partidos, y en lo que las fuerzas progresistas debieran buscar se centrara la atención e interés de los votantes de julio próximo.

Así, llegó ya el momento para los sectores democráticos de dar prioridad a la presentación y discusión con la ciudadanía de su propuesta. Una propuesta enmarcada en un proyecto nacional de largo aliento, que a su vez derive de un proyecto de alcances universales, que corresponda hoy a la ideología revolucionaria de un Estado con responsabilidad social y de una sociedad solidaria, que ha estado presente en los grandes movimientos emancipadores del pueblo mexicano, actualizando, en las diferentes épocas, sus objetivos y medios de acción.

La lucha por un orden mundial equitativo, de respeto pleno a la autodeterminación, sin imposiciones hegemónicas, de paz y cooperación solidaria, ha sido, para no ir más atrás en la historia, el eje rector de la política internacional de la Revolución Mexicana. La lucha, entonces, por una nueva estructuración internacional, por una nueva organización de la sociedad, por superar al sistema depredador que hoy domina las relaciones económicas e impone condiciones de desigualdad y exclusión en las relaciones entre países y al interior de las sociedades nacionales, que desata las llamadas guerras preventivas para asegurarse el control de recursos naturales básicos y de zonas estratégicas en el mundo, que impone políticas económicas que llevan de crisis en crisis para mantener los privilegios de minorías, que está poniendo en riesgo la supervivencia misma de la humanidad, es una lucha que no nos deba ser ajena. Crear conciencia de dónde y cómo estamos en el mundo, en nuestro continente en particular, y hacia dónde debiéramos ir, es parte del trabajo a realizar aprovechando estos tiempos electorales. Crear conciencia, asimismo, de la solidaridad que debe desplegarse en las escalas continental y mundial con aquellos gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad e individuos con los que se coincida en estos objetivos.

Nuestras propuestas al pueblo de México y a la nación, surgidas de una ideología democrática y consecuentemente igualitaria, libertaria, republicana y como tal de reconocimiento e impulso de los mecanismos de participación del pueblo en la toma de decisiones, entrañan una práctica con apego a la línea revolucionaria y con compromiso ético y solidario, entrañan obligación de promoverlas y en su caso de observarlas.

Los problemas a enfrentar, respecto a los cuales debe haber propuestas de atención y solución específicas, son numerosos y de gran diversidad. Entre ellos –y sólo para ejemplificar con esta relativamente larga relación- se encuentran:

el reconocimiento y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, empezando por las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas (lo que corrientemente se ha llamado la Ley COCOPA), en los términos aprobados por la Comisión de Concordia y Pacificación en 1996;

la instrumentación prioritaria de programas de desarrollo para zonas y grupos de alta marginación a fin de lograr su sustentabilidad, con respeto pleno a sus culturas, tradiciones, territorios y formas de organización;

la puesta en marcha de una reforma fiscal integral, que aporte los recursos de inversión necesarios para garantizar un crecimiento económico con suficiencia en el largo plazo, que permita satisfacer las necesidades de empleo, ingreso y servicios de la población;

reformar la legislación del Banco de México para agregar a sus funciones el fomento al crecimiento económico y la protección y generación de empleo;

crear un impuesto a las transacciones financieras y eliminar el impuesto especial a tasa única (IETU);

crear un verdadero sistema de planeación del desarrollo nacional, con visión de largo plazo, planes de cumplimiento obligatorio para el sector público, que consideren presupuestos plurianuales para proyectos y programas de ejecución plurianual, así como la supervisión y rendición de cuentas ante el Congreso;

dar dimensión ambiental a todas las políticas y programas del Estado, protegiendo y elevando la calidad del medio ambiente, así como la capacidad productiva y de servicios de los recursos naturales;

cancelar la concesión de la explotación minera de San Javier, en San Luis Potosí, así como de todas aquellas que atropellen los derechos y tradiciones de las comunidades originarias y/o no cumplan cabalmente con la legislación ambiental;

reconstituir la banca de fomento e impulsar la creación de una banca comercial mexicana;

recuperar una política de industrialización sustentable;

legislar para crear la categoría de gobierno metropolitano, con facultades de planeación y prestación unitaria y coordinada de servicios públicos;

fomentar las políticas de desarrollo urbano compacto, que prioricen el uso del transporte público, reduzcan la necesidad de infraestructuras periféricas y contribuyan así a disminuir la contaminación ambiental y a propiciar una mejor cohesión social;

instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, la educación, la salud, la cultura, la vivienda, que substituya a las políticas asistencialistas neoliberales;

llevar a cabo las reformas de ley necesarias para hacer exigible ante el Estado, el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución al trabajo, a la salud, a la vivienda;

establecer un sistema de seguridad social universal (salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), no vinculado a la condición laboral;

realizar una reforma laboral que promueva una mayor movilidad, no para facilitar el despido como lo demandan los grupos conservadores, sino para corresponderse con las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo como efecto de los avances tecnológicos y la globalización de la economía, que preserve los avances en los derechos laborales logrados en años de lucha, prohíba los contratos de protección, elimine la cláusula de exclusión y la toma de nota, dé transparencia al manejo de los recursos sindicales y garantice los derechos de asociación y negociación colectiva;

fortalecer al Estado laico mediante reformas constitucionales y legales, así como en los programas y las prácticas políticas del Estado; aprobar la reforma propuesta al artículo 40 constitucional, que incluye la laicidad como característica esencial de nuestra República, y revertir la reciente reforma al artículo 24 constitucional, que abre la posibilidad de otras reformas regresivas a la ley fundamental;

garantizar la igualdad de género en materias política, social, laboral, cultural y de oportunidades; garantizar igualmente los derechos a la preferencia sexual, de procreación y salud reproductiva; combatir la violencia sexual e intrafamiliar; impulsar las legislaciones que permitan las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos de adopción con independencia de las preferencias sexuales; y, revertir las legislaciones oscurantistas en aquellos Estados en los que se han cancelado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo;

imponer un cambio efectivo a las políticas de combate a la delincuencia organizada para garantizar la paz pública y la seguridad de los habitantes del país, prestando atención prioritaria al seguimiento del dinero sucio y al patrimonio surgido de la delincuencia, y retirando y substituyendo a las Fuerzas Armadas en toda responsabilidad policíaca;

recuperar para el control del Estado los territorios perdidos frente a la delincuencia;

promover los acuerdos internacionales que garanticen los derechos laborales y ciudadanos de los migrantes mexicanos en el extranjero e instrumentar políticas de respeto a los derechos y protección a los migrantes de otros países en territorio nacional, sancionando con rigor a quienes falten a esas obligaciones de solidaridad humana;

recuperar la función social de la tierra, tanto rural como urbana, evitando las concentraciones de propiedad que distorsionen la equidad en el desarrollo;

recuperar productivamente al campo, fortalecer la economía rural y garantizar la autonomía alimentaria;

librar un combate a fondo contra la corrupción;

proceder al saneamiento del sistema de justicia, con participación y en coordinación con el Poder Judicial;

poner en práctica una política energética en función de los intereses del país, de su futuro soberano y su desarrollo independiente;

conceder de manera efectiva autonomía presupuestal y de gestión a Petróleos Mexicanos;

facultar al Congreso para establecer las plataformas anuales de extracción y exportación de hidrocarburos, así como para fijar los criterios a observar para que los volúmenes de extracción guarden una relación adecuada con el nivel de reservas que garantice la seguridad energética del país;

negociar con transparencia, con los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, las modalidades de explotación y reparto de beneficios en el caso de yacimientos transfronterizos;

cancelar los llamados contratos incentivados de Petróleos Mexicanos;

fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica, de la biomasa, etc.), estimulándolo con medidas fiscales y una adecuada reglamentación de las inversiones en ese campo;

hacer efectiva la universalización de la educación obligatoria;

garantizar acceso y permanencia en la educación pública en todos sus grados, a todo aquel que satisfaga los requerimientos académicos;

crear nuevas universidades públicas y fortalecer la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico;

crear la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;

destinar mayores recursos presupuestales a la cultura, impulsar su descentralización y establecer incentivos fiscales para creadores y divulgadores, así como para el rescate y protección de bienes patrimoniales;

fomentar y proteger las expresiones de las culturas tradicionales;

reformar la legislación en materia de medios de comunicación electrónicos para garantizar presencia equitativa al Estado, la sociedad y la iniciativa privada en el espectro comunicacional;

crear un órgano regulador autónomo que garantice eficacia y equidad en el otorgamiento y control de concesiones para la utilización del espectro radioeléctrico;

acelerar el apagón analógico y la adopción de tecnologías de punta en el sector de las comunicaciones, abriéndolo a nuevas alternativas comunitarias, regionales, de instituciones de educación superior y comerciales, evitando su monopolización;

garantizar el acceso universal a los beneficios de la convergencia digital, de modo que toda la población pueda contar con los servicios de transmisión y recepción de voz, audio, video y datos;

cerrar el paso a la pretensión de autorizar inversión extranjera hasta del 100% en empresas del área de las telecomunicaciones;

promover las reformas para instituir un gobierno semi-presidencial, semi-parlamentario o de gabinete:

suprimir la representación proporcional en el Senado de la República, que rompe y vulnera la paridad de la representación de las entidades federadas en ese cuerpo;

abrogar la Ley de asociaciones público privadas;

pugnar porque cobre vigencia en la práctica internacional la Carta de deberes y derechos económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974 por 120 votos contra 6 y 10 abstenciones.



Ahora bien, la debida atención y buena solución de nuestros problemas va a depender, en mucho, de las condiciones de la inserción de nuestro país en las corrientes de la globalización, en cómo nos manejemos en la confrontación que existe entre las grandes hegemonías político-económicas y los pueblos que luchan por desarrollarse con independencia, a partir de decisiones soberanas, en la que las primeras pretenden seguir con políticas de privilegio para grupos minoritarios, en detrimento de las condiciones de vida y las oportunidades de progreso de las grandes mayorías de la población, y que en nuestro caso particular pretenden el abandono de todo esfuerzo por nuestra autonomía y el no ver otra alternativa que no sea proseguir con la absorción subordinada y sumisa de nuestra economía y del país en general, que ya se está dando, por los intereses hoy dominantes en la política y la economía norteamericanas.

La absorción de nuestro país en condiciones de subordinación por los Estados Unidos –o la América del Norte, como algunos prefieren se diga- no es ni puede aceptarse como el destino ineludible de México. Ser parte, por determinación de otros, del primer círculo de la defensa estadounidense fuera de su territorio nacional para recibir en caso dado los primeros golpes, tampoco es el papel que los mexicanos progresistas asignamos a nuestro país en la búsqueda de un orden mundial equitativo y de paz.

La agenda bilateral México-Estados Unidos es compleja y diversa. Es preciso insistir en la reforma migratoria de fondo, que debe empezar porque el Estado y la sociedad norteamericanos reconozcan la valiosa e imprescindible contribución que los migrantes de todas las naciones, mexicanos en alta proporción, dan al progreso de nuestro vecino; es preciso, igualmente, plantear la necesidad de alcanzar equidad en la cooperación económica, lo que demandaría, entre otras medidas, substituir los acuerdos de libre comercio suscritos en la región por un Tratado continental de desarrollo, en el que se incluya, como punto importante, la creación de fondos de inversión para superar las asimetrías económicas y las diferencias sociales existentes; plantear, por otro lado, la revisión de las estrategias de combate a la delincuencia transnacional, en las que deben respetarse las decisiones soberanas de ambos países, terminando de una vez y para siempre con las intromisiones indebidas y la comisión de delitos en territorio mexicano por parte de miembros de agencias oficiales norteamericanas, con conocimiento y consentimiento de las altas autoridades de ambos países.

Que quede claro: se trata de encontrar buena solución a los problemas que comparten dos países vecinos y de recuperar posiciones de dignidad y de protección a los intereses de nuestro país en su actuar internacional. En el país vecino existen grupos con presencia política importante e influencia en amplios sectores de la opinión pública que coinciden con nuestras visiones. Con ellos hay que estrechar la relación y con ellos participar en el esfuerzo por alcanzar objetivos que nos son comunes, respetando espacios y decisiones que sólo a los nacionales de cada país competan.

Con Estados Unidos debe buscarse una relación equitativa, por difícil que parezca poder alcanzarla. Será ese un objetivo prioritario en la edificación de un orden mundial de equidad, objetivo que, por otro lado, nos crea espacios de acción comunes con las naciones de la América Latina que libran la misma lucha.

La integración política y económica de América Latina, en los tiempos presentes, ya no es una utopía. Si bien es un objetivo que no se alcanzará en el corto plazo, sería la condición que debiera lograrse para la región si se quieren aprovechar de manera óptima sus ventajas relativas y si se quiere que Latinoamérica participe en condiciones de equidad frente a los otros grandes bloques económico-demográficos que hoy dominan la política y la economía en el mundo.

Una condición ineludible en el esfuerzo de integración de Latinoamérica y el Caribe es lograr la independencia de Puerto Rico, instando a los Estados Unidos a que dé cumplimiento a la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, del 14 de diciembre de 1960, que garantiza la independencia de los territorios coloniales, así como a las 30 resoluciones del Comité Especial de la propia ONU, la más reciente de junio del 2011, que reconoce que “Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”.

Por otro lado y en esta perspectiva, nuestro país debe aprovechar su condición de puente entre el norte y el sur y entre el Pacífico y el Atlántico y participar activamente en el impulso y fortalecimiento de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), el Parlamento Latinoamericano y otros proyectos que van en favor de la integración de la región.

Nuestra contribución a estos proyectos, además de ser activos en su promoción específica en los foros internacionales y regionales, empieza porque nuestras políticas internas conduzcan a que nuestro país, recuperando el Estado sus responsabilidades sociales, salga de la situación en que se encuentra de desigualdad y exclusión social, de crecimiento económico lento o nulo, claramente insuficiente, rompa lazos de dependencia y lleve a la práctica medidas que tiendan a lograr una economía de pleno empleo, a combatir hasta erradicar las causas de la pobreza, fortalecer las capacidades de consumo de la población y consecuentemente los mercados internos, aproveche sus recursos naturales con racionalidad social, económica y ambiental de presente y futuro, ofrezca educación de calidad y acceso a la creación y a los productos de la cultura a toda la población, garantice a los jóvenes presente y futuro de formación, superación y realizaciones y a los mexicanos todos progreso y dignidad.

Hacer realidad este proyecto para rescatar al país, librándolo de su situación actual, exige proponerse reconstruir los tejidos sociales desde las comunidades más pequeñas hasta los sectores que dan vida a las grandes urbes, y, en lo político, plantea la necesidad de un gran acuerdo con todas las fuerzas progresistas y democráticas para actuar en conjunto en función de las coincidencias y proseguir con tesón la construcción de una mayoría política, que en esa condición se manifieste el próximo 1° de julio. Se está en ese camino, pero aun falta acercar a muchos que por razones diversas se han distanciado y luchan en trincheras diferentes, tratar de convencer a quienes consideran mejores otras alternativas políticas y buscar atraer a quienes por primera vez van a sufragar.

Es preciso hacer ver que este proyecto de reivindicaciones nacionales y populares puede acelerarse en su ejecución si más allá de cuestiones partidarias y dejando de lado, aun en estos tiempos, las confrontaciones electorales, se buscan los acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales para impulsar aquellas soluciones de problemas en las que haya coincidencia en finalidades y medios de acción.

Precisando los objetivos comunes, desde el lado progresista debe mostrarse que más importante que quien resuelve los problemas, es resolverlos, y mostrar también que habiendo objetivos comunes y caminando de consuno, desde este lado se respetan la pluralidad y las diferencias.

La presentación hoy de la PROPUESTA PROGRAMÁTICA 2012 tiene la intención de abrir una discusión sobre los grandes temas de la nación, que pueda realizarse con los más amplios grupos de la sociedad y por todo el territorio del país.

Existe ya una primera coincidencia en vastos sectores democráticos, que debe servir para atraer y construir esa mayoría política que hoy es todavía objetivo por alcanzar: tenemos candidato presidencial en Andrés Manuel López Obrador. Conocemos su trayectoria en la vida pública. Su candidatura y una propuesta realizable que así considere el ciudadano que aspira al cambio, son y deben ser elementos de cohesión y factores determinantes en la construcción de la mayoría política que se requiere para ganar las elecciones y sobre todo, para respaldar una gestión de reivindicaciones nacionales y populares y llevar a cabo un buen gobierno.

Están en juego presente y futuro de México y los mexicanos. Apliquémonos a construir la mayoría política que es condición del triunfo electoral.

¡Democracia ya! ¡Patria para todos!