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El futuro de la izquierda. PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 28 de Mayo de 2013 18:09

Cuauhtémoc Cárdenas


Fundación Friedrich Ebert-Fundación para la democracia.
Oaxaca, Oax., 24 de mayo del 2013.



Hablar del futuro no es fácil. Es siempre incierto, aunque en función de lo hecho, de las trayectorias seguidas hasta el presente –y sobre todo las más recientes- algo podemos imaginar sobre la trayectoria que seguirá un fenómeno social determinado.

Para hablar de la izquierda hay que empezar por decir que en el lenguaje político común hay muchas izquierdas, según cada quien, organización o individuo, se califique. No hay nadie que con autoridad reconocida universalmente, pueda decir quien está o no en la izquierda.

¿Hacia dónde van las izquierdas en el mundo, hacia dónde en nuestro país? ¿Hacia dónde creo que debieran ir?

En primer lugar, a pugnar, en todos los campos posibles, porque se instrumenten políticas que tengan como objetivo central la elevación sostenida de los niveles de vida de la población, de la gente, de los pueblos, en condiciones de igualdad ante la ley, el Estado y frente a las oportunidades de progreso, en un régimen político-social enmarcado en, y plenamente respetuoso del estado de derecho.

Pugnar, igualmente, por un orden internacional de equidad, paz, respeto a las soberanías nacionales y a la autodeterminación y de cooperación solidaria.

Pensando en México, me referiré a mi partido, el Partido de la Revolución Democrática.

Veo varias líneas de acción que tienen que ver con su trabajo al interior de la organización y con la actividad que debe desplegar hacia el exterior, tanto en lo nacional como en lo internacional.

En la pasada elección de julio los votos del PRD en la elección presidencial ascendieron al 19.37% del total –en la elección del 2006 puede estimarse que los votos del PRD, descontando los que pudieran corresponder a los otros partidos de la coalición, ascendieron al 28 o 30% del total-; si a los anteriores votos del PRD se suman los que se dieron combinadamente al PRD-PT-MC, más los del PRD-PT y PRD-MC, el partido conjuntaría el 26.93% del total. La cifra de 31.59% de los votos que la autoridad asigna al candidato presidencial en los cómputos distritales incluyen los votos que recibió el candidato al través del PT y el MC como tales.

En 2006 el PRD ganó en 91 distritos, 39 en 2009 y 56 en 2012. De 127 diputaciones logradas en 2006, sumadas las correspondientes a los distritos ganados y las de representación proporcional, en julio pasado se alcanzaron 98.

Si de estas cifras se ven las de los distritos ganados por el PRD, que reflejan directamente los logros para atraer el voto ciudadano, se puede decir que fueron insuficientes para alcanzar al menos los resultados del 2006, pues fue en 35 distritos menos donde se tuvieron números ganadores. La última campaña de afiliación, que se dejó en manos de una empresa privada, no parece haber sido lo efectiva que debiera.

No ha habido en el curso de un decenio, para no ir más atrás, trabajo de organización que hubiera permitido ampliar y consecuentemente fortalecer las bases ciudadanas y territoriales del partido. Donde las votaciones han sido bajas, siguen siendo en lo general bajas.

Por otro lado, el PRD no supera su condición de partido de confrontaciones internas y de cuotas para la asignación de cargos y oportunidades según los pesos relativos de las corrientes, que para colmo de males se oficializaron y se les dio vida estatutaria en su condición de sectas. Como ejemplo relativamente reciente están las designaciones de coordinadores de los grupos parlamentarios que tomaron posesión de sus cargos el 1° de septiembre, que no fueron elegidos por sus propuestas o por otras razones que no fueran los equilibrios de los agrupamientos internos, que se componen y recomponen en función sólo de los intereses personales de los dirigentes o, en el mejor de los casos, de los particulares intereses de los grupos. Ni país ni partido han contado en estos casos. El partido de tribus y cuotas, de sectarismos y oportunismos, de clientelas y no de militancias libres y conscientes, está destinado al achicamiento y a los fracasos.

El PRD, y si se quiere el conjunto de organizaciones partidarias de la llamada izquierda, si en realidad pretenden convertirse en alternativas de poder en lo nacional, deben realizar un serio e intenso trabajo de afiliación y organización por todo el país. En el caso del PRD, a partir de la reconstitución y la formación de nuevos comités de base, que sean los que den vida a los comités municipales y estatales. Debe empezarse por ver qué queda de comités de base, dónde deben crearse nuevos y esta labor sólo será efectiva si se dejan de lado actitudes sectarias y se busca abrir el partido a nuevos militantes, convencidos de sus principios y de que sus dirigentes actúan en función de ellos.

El PRD debe ser un partido con una línea política clara, que así se vea desde dentro y desde fuera, acorde y congruente su acción con su declaración de principios y con el llamamiento que originariamente se hizo para su constitución. Debe ser un partido de propuestas, en lo nacional, estatal, municipal, regional, internacional, etc. Un partido con iniciativa y compromiso permanente. La acción, sobre todo, de quienes tienen responsabilidades de dirigencia partidaria, de gobierno y legislativas, debe ser de absoluta transparencia. Deben, por cierto, revisarse los mecanismos estatutarios de rendición y exigencia de cuentas.

El PRD debe ser un partido de una sola línea. En función de ella deben actuar las dirigencias nacional, estatales y municipales, los gobiernos del partido, sus legisladores federales y locales. Debe haber una permanente coordinación respecto a las acciones del partido, a las tareas de gobierno y a la actividad parlamentaria, cumpliendo cada quien con sus funciones y responsabilidades.

Está el caso de las alianzas: no deben repetirse las alianzas electorales con partidos que mantienen posiciones diametralmente opuestas a las del PRD en cuestiones fundamentales de carácter nacional. Las alianzas electorales deben darse con fuerzas afines en lo fundamental, tanto en lo que respecta a lo local como a lo nacional, y siempre con base en propuestas transparentes respecto a cómo se enfrentarán las cuestiones locales, cuáles serían las agendas legislativas y qué actitud se asumiría en relación a los problemas nacionales, sobre todo aquellos que resultan en confrontaciones del PRD con otras fuerzas políticas nacionales, independientemente que sea con éstas o no la alianza proyectada. Respecto a las alianzas, debe quedar claro y hacerse público también cómo se daría la participación no sólo en lo que hace a las candidaturas, sino también respecto a la participación en el gobierno que se pretende alcanzar.

La elección de julio dejó ver no sólo transgresiones a la ley que se mantienen hasta ahora en la impunidad, y la necesidad de una revisión a fondo y de reformas a la legislación electoral, lo que deberá ser una cuestión prioritaria para las fuerzas democráticas del país.

Si la ley se transgrede, por ejemplo, por excesos respecto a los gastos legales de campaña, la sanción no debe ser, como marca la ley vigente, sólo de carácter monetario; el fallo de la autoridad y en su caso la sanción correspondiente, tendría que emitirse y en su caso aplicarse, antes de las fechas en que los cargos involucrados deban asumirse; y, lo más importante, si la ley es atropellada por un candidato y/o por un partido y estos resultan ganadores precisamente por el atropello a la ley, la sanción a los transgresores debiera ser, sobre todo e independientemente de la monetaria, la de perder la posibilidad de ocupar el cargo por el que se contendía, la pérdida de derechos políticos del o de los respectivos candidatos, la pérdida del registro del partido político en cuestión y eventualmente la anulación de la elección de que se trate, debiendo la autoridad electoral emitir sus fallos, como antes se señala, en fecha previa a la de asunción de los cargos involucrados.

Para lograr un posicionamiento claro en lo ideológico y programático, las fuerzas progresistas deben presentar propuestas claras a la ciudadanía y a la nación.

En lo nacional, considero mantiene vigencia la Propuesta Programática 2012 que presentara el grupo Un México para todos en febrero del año pasado, de la que a continuación resalto algunos puntos que considero prioritarios:
·    el reconocimiento y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, empezando por las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas (lo que corrientemente se ha llamado la Ley COCOPA), en los términos aprobados por la Comisión de Concordia y Pacificación en 1996;
·    la puesta en marcha de una reforma fiscal integral, que aporte los recursos de inversión necesarios para garantizar un crecimiento económico con suficiencia en el largo plazo, que permita satisfacer las necesidades de empleo, ingreso y servicios de la población;
·    crear un verdadero sistema de planeación del desarrollo nacional, con visión de largo plazo, planes de cumplimiento obligatorio para el sector público, que consideren presupuestos plurianuales para proyectos y programas de ejecución plurianual, así como la supervisión y rendición de cuentas ante el Congreso;
·    cancelar la concesión de la explotación minera de San Javier, en San Luis Potosí, así como de todas aquellas que atropellen los derechos y tradiciones de las comunidades originarias y/o no cumplan cabalmente con la legislación ambiental;
·    reconstituir la banca de fomento e impulsar el fortalecimiento y de hecho la creación de una banca comercial mexicana;
·    recuperar una política de industrialización sustentable;
·    instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, la educación, la salud, la cultura, la vivienda, que substituya a las políticas asistencialistas neoliberales;
·    establecer un sistema de seguridad social universal (salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), no vinculado a la condición laboral;
·    llevar a cabo las reformas de ley necesarias para hacer exigible ante el Estado, el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución al trabajo, a la salud, a la vivienda;
·    realizar una reforma laboral que promueva una mayor movilidad, no para facilitar el despido como lo demandan los grupos conservadores, sino para corresponderse con las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo como efecto de los avances tecnológicos y la globalización de la economía, que preserve los avances en los derechos laborales logrados en años de lucha, prohíba los contratos de protección, elimine la cláusula de exclusión y la toma de nota, dé transparencia al manejo de los recursos sindicales y garantice los derechos de asociación y negociación colectiva;
·    garantizar la igualdad de género en materias política, social, laboral, cultural y de oportunidades; garantizar igualmente los derechos a la preferencia sexual, de procreación y salud reproductiva; impulsar las legislaciones que permitan las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos de adopción con independencia de las preferencias sexuales; y, revertir las legislaciones oscurantistas en aquellos Estados en los que se han cancelado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo;
·    imponer un cambio efectivo a las políticas de combate a la delincuencia organizada para garantizar la paz pública y la seguridad de los habitantes del país, prestando atención prioritaria al seguimiento del dinero sucio y al patrimonio surgido de la delincuencia, y retirando y substituyendo gradualmente, en el tiempo más corto posible, a las Fuerzas Armadas en toda responsabilidad policíaca;
·    recuperar la función social de la tierra, tanto rural como urbana, evitando las concentraciones de propiedad que distorsionen la equidad en el desarrollo;
·    recuperar productivamente al campo, fortalecer la economía rural y garantizar la autonomía alimentaria;
·    proceder al saneamiento del sistema de justicia, con participación y en coordinación con el Poder Judicial;
·    fomentar el desarrollo de las energías alternativas (solar, eólica, de la biomasa, etc.), estimulándolo con medidas fiscales y una adecuada reglamentación de las inversiones en ese campo;
·    hacer efectiva la universalización de la educación obligatoria;
·    garantizar acceso y permanencia en la educación pública en todos sus grados, a todo aquel que satisfaga los requerimientos académicos;
·    crear nuevas universidades públicas y fortalecer la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico;
·    destinar mayores recursos presupuestales a la cultura, impulsar su descentralización y establecer incentivos fiscales para creadores y divulgadores, así como para el rescate y protección de bienes patrimoniales;
·    fomentar y proteger las expresiones de las culturas tradicionales;
·    reformar la legislación en materia de medios de comunicación electrónicos para garantizar presencia equitativa al Estado, la sociedad y la iniciativa privada en el espectro comunicacional;
·    crear un órgano regulador autónomo que garantice eficacia y equidad en el otorgamiento y control de concesiones para la utilización del espectro radioeléctrico;
·    acelerar el apagón analógico y la adopción de tecnologías de punta en el sector de las comunicaciones, abriéndolo a nuevas alternativas comunitarias, regionales, de instituciones de educación superior y comerciales, evitando su monopolización;
·    cerrar el paso a la pretensión de autorizar inversión extranjera hasta del 100% en empresas del área de las telecomunicaciones;
·    suprimir la representación proporcional en el Senado de la República, que rompe y vulnera la paridad de la representación de las entidades federadas en ese cuerpo;
·    abrogar la Ley de asociaciones público privadas;
·    pugnar porque cobre vigencia en la práctica internacional la Carta de deberes y derechos económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974 por 120 votos contra 6 y 10 abstenciones.
Terminaré haciendo algunos planteamientos en torno a la política petrolera.

El petróleo y de modo más general los hidrocarburos, constituyen para México recursos de carácter estratégico para la conducción y el estímulo a su crecimiento económico y desarrollo en lo general, como son estratégicos estos mismos recursos para otros países, u otros recursos, como el agua para Canadá y el cobre para Chile.

Nuestra Constitución establece la exclusividad de la Nación para llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, esto es, según la define la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional: la exploración, la explotación, refinación, transporte, almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

Petróleos Mexicanos (Pemex) no es sino el organismo al través del cual el Estado mexicano gestiona la industria petrolera, aprovechando y en su caso transformando mediante procesos industriales recursos naturales que el propio Estado le asigna. Privatizar los activos de Pemex –pozos en producción, refinerías, ductos, equipos de transporte, edificios de oficinas, etc.- sería un paso grave, pero entregar a intereses ajenos a los de la nación los recursos naturales que de manera exclusiva gestiona y transforma Pemex por mandato del Estado, significaría lesionar la seguridad energética de la nación, perder la seguridad de los ingresos que la industria petrolera aporta a las finanzas públicas y dejar que un recurso estratégico se manejara en función de intereses particulares y no de acuerdo al interés público y nacional, condición a la que, por cierto, se debe plenamente regresar.

La política petrolera a instrumentarse en el futuro debe tener, entre otros objetivos, prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas nacionales de hidrocarburos; desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales; y prever con anticipación las medidas a tomar para llevar a cabo la transición energética con los menores costos económicos y sociales posibles, alentando al mismo tiempo la utilización de energías alternativas o no convencionales.

Las decisiones relativas a una política petrolera con estos objetivos sólo pueden ser tomadas por el Estado, que debe dar mandato a Petróleos Mexicanos sobre cómo desarrollar las actividades que le tiene encomendadas.   

Debe transformarse a Petróleos Mexicanos en una verdadera empresa del Estado con autonomía presupuestal y de gestión.

Por ahí veo los caminos para un buen futuro del PRD y de las izquierdas del país.