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Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, contrarias al interés nacional PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 24 de Septiembre de 2013 01:49

Senado de la República.

México, D. F., 23 de septiembre del 2013.

Cuauhtémoc Cárdenas.

Agradezco al Senado de la República la invitación que me ha hecho para participar en los foros, que ahora inician, sobre las propuestas de reformas en el sector energético que hasta ahora se han presentado, que espero contribuyan para llevar a cabo cambios en la legislación normativa del sector que resulten en fortalecimiento de la soberanía de la nación, en mayores y mejores oportunidades para el bienestar de los mexicanos y el crecimiento de la economía, y, en particular, para un manejo con racionalidad de presente y futuro de nuestros recursos energéticos.

El contexto en el que se presentaron, hace unas semanas, las iniciativas para llevar a cabo una reforma energética, como el contexto del país, han cambiado debido a las graves afectaciones que ha sufrido prácticamente toda la República, ocasionadas por los fenómenos climáticos extraordinarios de los últimos días. Nos encontramos en situación de emergencia, quizá con menos pérdida de vidas, pero tanto o más grave por la multiplicidad de sitios y zonas con fuertes daños, que la que vivió el país después del sismo del 19 de septiembre de 1985.

La atención a los miles o millones de víctimas y la reparación y reconstrucción de viviendas, reposición de bienes familiares, rehabilitación de infraestructuras de servicios y productivas, se han vuelto emergencia nacional y a ello debe enfocarse la actividad del Estado y la colaboración que pueda tenerse de todos los sectores de la sociedad.

En estas condiciones, una reforma energética como la que proponen las fuerzas progresistas, cobra mayor importancia y sería un factor clave para la recuperación que el país está reclamando.

Pretendemos que en particular la industria petrolera recupere el papel que tuvo en el pasado, de conductora principal del crecimiento económico y la industrialización, con lo que se estarían creando empleos formales, impulsando desarrollos regionales e impactando favorablemente sobre numerosas áreas de la producción; un sector energético estatal con organismos operadores (en este caso, principalmente, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) saneados de corrupción, con mandato claro del Estado respecto a sus actividades por desarrollar y que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia, buscando las productividades óptimas, dentro de la racionalidad ambiental.


El mandato del Estado deberá reflejarse en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, el cual deberá estar enmarcado en la Estrategia Nacional de Energía y en un verdadero Plan Nacional de Desarrollo.

La Estrategia de Energía requiere reformularse, ser precisa en los objetivos, medios de ejecución y tiempos para los planes y programas de trabajo que se establezcan para las diferentes clases de energías, así como para los distintos organismos reguladores y operadores estatales del sector, y este cuerpo legislativo, lo digo respetuosamente, debiera proponerse la creación de un verdadero sistema de planeación, que fije lineamientos para el desarrollo nacional en perspectivas de largo plazo -25-30 años-, con ajustes anuales, con objetivos de cumplimiento obligatorio para el Estado, cuantificables y con tiempos establecidos, sistema con el cual debieran corresponderse la Estrategia de Energía y el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos.

En materia petrolera, la política a desarrollar debiera enmarcarse en los siguientes objetivos generales:

• Prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos.

• Para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo (2020) del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo (Estados Unidos), disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso, para transformarlo industrialmente en el país.

• Desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos, estimular los desarrollos regionales y reducir las importaciones.

• Aumentar la capacidad de refinación: de inmediato en 600 mil barriles diarios (capacidad de refinación que podría estar disponible en 2017) e iniciar nuevas instalaciones, en 2017, con capacidad del orden de 300 barriles diarios más.

• Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos.

Además, como parte de las políticas energéticas prioritarias, debieran considerarse impulsar la transición energética, esto es, la utilización de energías renovables, no convencionales, principalmente para substituir combustibles que tienen su origen en los hidrocarburos y para el servicio público de electricidad; dar verdadero apoyo a las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico; y fortalecer a las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, transformándolas de organismos desconcentrados en descentralizados, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, operativa y funcional. A la Comisión de Hidrocarburos, además, se le deberían amplias sus facultades en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex.

En el caso particular de Pemex, nuestras propuestas tienen como propósitos:

• Transformar a Petróleos Mexicanos en empresa pública (y a la Comisión Federal de Electricidad).

• Concederle autonomía presupuestal y de gestión, dejándolo fuera del presupuesto federal y ya no bajo la tutela y control de la Secretaría de Hacienda.

• Modificar su gobierno corporativo, reintegrándolo en una sola entidad, desapareciendo los organismos subsidiarios.

• Establecerle un  nuevo régimen fiscal, que genere recursos adicionales para inversión productiva y para revertir la descapitalización a la que ha estado sujeto, permitiéndole así cumplir con sus objetivos.

Los cambios que proponemos para Petróleos Mexicanos pueden llevarse a cabo mediante reformas a doce leyes reglamentarias o secundarias y una nueva ley, ésta sobre el manejo de los excedentes petroleros, habiéndose ya presentado en esta Cámara las iniciativas correspondientes. Para realizar las reformas legales y para la instrumentación de nuevas políticas energética y en particular petrolera, debe reiterarse, no se requieren reformas constitucionales (las propuestas tienen otras finalidades). Las leyes que deben reformarse son las siguientes:

1. Ley de Petróleos Mexicanos

2. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

3. Ley Federal de Derechos

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

6. Ley Federal de Entidades Paraestatales

7. Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

8. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

9. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de

la Transición Energética

10. Ley General de Deuda Pública

11. Ley de la Comisión Reguladora de Energía

12. Ley de Instituciones de Crédito

13. Creación de la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros

Me referiré ahora a la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el Ejecutivo al Senado. En ella se plantean reformas al párrafo sexto del artículo 27 y al párrafo cuarto del 28. En la exposición de motivos del Ejecutivo se hace énfasis en los contratos de utilidad compartida y en otros beneficios más que se derivarían de la reforma, a los que me referiré en seguida, pero nada se dice de cuáles serían las leyes reglamentarias que tendrían que modificarse (en el  paquete económico 2014, recientemente enviado al Congreso, se incluye la iniciativa de una nueva Ley de ingresos sobre los hidrocarburos, pero nada más).

En la iniciativa remitida al Congreso, el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse, se ofrecería a los usuarios electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo (¿frente a quién?, pues los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega, ExxonMobil de EEUU, ENI de Italia, Petrobras de Brasil, Chevron de EEUU, entre otros, en buena parte, por las condiciones particulares de los campos que se explotan), que el organismo tendrá una nueva estructura administrativa con un gobierno corporativo, que tendrá mayor (no plena) autonomía de gestión (y nada se menciona de la autonomía presupuestal), que mejorará las condiciones de transparencia y rendición de cuentas (¿y por qué no desde ya?) y que en las compras y proyectos de Pemex habrá mayores contenidos nacionales. Con estos cambios, expresa el Ejecutivo, se logrará una mejor restitución de reservas, la producción de crudo se elevará a 3 millones de barriles diarios en 2018 y a 3.5 millones en 2025 y la de gas pasará de 5 700 millones de pies cúbicos diarios a 8 000 en 2018 y a 10 000 en 2025.

Otros impulsores de la iniciativa oficial agregan a estas supuestas bondades, que se generará medio millón de nuevos empleos para 2018 y dos y medio millones más para 2025, que el gas (supongo que el natural, pues no se especifica) resultará también más barato al consumidor (no se hace mención del gas LP, que es el de mayor consumo, sobre todo doméstico, en el país) y que la economía mexicana crecerá un punto porcentual más en 2018 y 2 más en 2025.

Todos estos supuestos avances suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay una cifra que los sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos la definición de una política petrolera integral que requiriera de esos montos de producción, de mayores o menores, de determinados montos de inversión, en los horizontes de aquí al 2018 y al 2025.

Recuérdese que en 2004 se extrajeron ya casi 3.5 millones de barriles diarios, lo que no generó ni mayores empleos formales ni crecimiento extraordinario de la economía.

¿Por qué en 2018 y en 2025 sí?

El alud propagandístico del gobierno se centró en la reforma del 27, pero nada se ha mencionado de las consecuencias de modificar el 28, lo que no puede sino calificarse de falaz, pues se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado.

El cambio en el 28 constitucional cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad (ni siquiera alcanzan en la iniciativa del Ejecutivo la calidad de prioritarias), abriendo la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los sectores petrolero y eléctrico e incluso estaría autorizado para deshacerse de todos los activos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, al dejar sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, que dice: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Esto es, al no ser ya estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que los manejan, hoy Pemex y CFE, podrían, de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser de propiedad gubernamental. Pemex y CFE, todo lo que posean, podría ser vendido, privatizado.



Además, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos (y consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas), hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte. Lo mismo sucedería en la industria eléctrica.

Otra consecuencia muy grave de cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico sería que quedarían sujetos a las estipulaciones del Acuerdo de libre comercio de América del Norte, el TLC, del que se encuentran hasta este momento excluidos.

Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena productiva del petróleo, substituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera, por particulares. Esto es, se está ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938, ahora con otros nombres, vuelvan a ser las que decidan cómo se manejen y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos.

La iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga.

La propuesta progresista no es, desde ningún punto de vista, una propuesta que desconozca el papel de la inversión privada en el desarrollo del país y en particular, en el de la industria petrolera.

Debe plantearse una política en que la inversión privada participe intensamente en la producción de insumos de la industria petrolera, dando una prioridad racional a los contenidos nacionales en las adquisiciones y contratos del sector energético estatal, y, por otro lado, deben fomentarse las industrias que utilicen productos que produce Pemex, principalmente en la prolongación de la cadena de la petroquímica.

Más allá de la intención privatizadora, de ceder mercados nacionales a productores y prestadores de servicios principalmente extranjeros (que son quienes tienen las mayores disponibilidades de capital de inversión), resulta absurdo pensar que los sectores petrolero y eléctrico no se consideren estratégicos, esto es importantes, fundamentales, especiales o como quiera calificárseles, y que se les pueda dar el mismo tratamiento que a la confección de ropa de lujo o a la elaboración de golosinas chatarra.

Termino señalando que en el debate que se lleve a cabo en esta Cámara, además de tratar de convencer a los legisladores aún no convencidos, para que hagan mayoría quienes se opongan a la iniciativa de reformas constitucionales del Ejecutivo, los legisladores progresistas tendrán que convencer también que es mejor la iniciativa del PRD en lo relativo a la modificación del régimen fiscal de Pemex que la iniciativa de Ley de ingresos sobre hidrocarburos, presentada por el Ejecutivo como parte del llamado paquete fiscal, pues de cobrar vigencia, no se pondría fin a la tutela que ejerce la Secretaría de Hacienda sobre Pemex, pues no considera conceder a este organismo autonomía presupuestal, demanda básica respecto a una nueva forma de estructurar y de tratar a Petróleos Mexicanos. Habría muchas cosas más que decir de esta ley, pero ya la discutirán los Senadores.

Gracias nuevamente al Senado de la República por permitirme presentar estas ideas sobre cambios en las políticas petroleras.