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Constitución o despotismo. Intervención de Porfirio Muñoz Ledo en el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, A.C. PDF Imprimir Correo electrónico
Sábado 21 de Marzo de 2015 06:00

Porfirio Muñoz Ledo

Compañeras y compañeros,

A fines del año anterior nos reunimos para conmemorar el nacimiento de la "Corriente Democrática" que sacudió al pueblo de México en demanda de un cambio de rumbo y de otorgar libertad a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Desgraciadamente, la transformación que propusimos sucumbió ante los golpes del fraude electoral, la ignorancia y la rapiña; llevando al país por un camino opuesto al que habíamos imaginado.

Hoy el Estado mexicano padece una grave crisis sistémica. El deterioro de las instituciones, la profunda desigualdad social, la corrupción generalizada y la ilegitimidad del grupo en el poder han confluido en la descomposición del tejido social y en la desesperanza ciudadana. Por añadidura, el sistema autoritario que padecemos está mutando hacia el despotismo, que es no sólo el abuso de la autoridad, sino el gobierno regido por la inconsciencia o por motivaciones personales.

Imposible soslayar el caso escandaloso de la periodista Carmen Aristegui, suspendida de su función esclarecedora, en violación al derecho individual a la libre expresión y al derecho colectivo a la información. Todos hemos sido agraviados. Es preciso también recordar, el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Abominable ejemplo de barbarie y de contubernios que el poder público ha pretendido clausurar, como si fuésemos un país de fantasmas.

A más de treinta años de estancamiento económico, agudización de la pobreza, inseguridad colectiva, transferencia de poder hacia los intereses particulares y entrega de los espacios de soberanía; la pregunta que se impone es: ¿Cuál es la solución para el país? Las voces de protesta no acaban de articularse y hay quienes piensan que probablemente el Estado- nación que hemos conocido no tenga remedio. 

Otros sostienen que existen en México condiciones pre-revolucionarias, lo que difícilmente podría concretarse por razones geopolíticas y por la concentración del poder armado entre el crimen y el aparato del Estado. Nos deslizaríamos en una espiral de violencia sin sentido que podría llevarnos a una catástrofe general.

Voces autorizadas hablan, por ello, de refundar la República, recogiendo lo mejor de nuestro pasado y enarbolando las demandas postergadas que podrían dar curso a un nuevo pacto social, a través de un proceso constituyente coincidente con el centenario de la Carta de 1917.

Sería impensable revertir la degradación de las instituciones en ausencia de una reforma integral del Estado. El pecado mayor de nuestra política es el olvido de las leyes y de los acuerdos democráticos y su reemplazo por las complicidades oligárquicas. Los periodos históricos se agotan. Es hora de definiciones fundamentales.

Nuestro movimiento se adelantó en plantear la necesidad imperiosa de promover una nueva constitucionalidad para otorgar un futuro cierto a la nación. Frente a esta demanda, los poderes públicos han reaccionado casi siempre con el engaño y la simulación. La alternancia del poder no modificó sustancialmente la relación entre la sociedad y el Estado ni emprendió las reformas que el país requiere. Arribamos a una rotación del mando en la que priva el compromiso de no cambiar la realidad, pero sí de redoblar la impunidad.

El número excesivo y el carácter inconexo de las reformas constitucionales maquinadas durante los últimos años, han respondido, la mayoría de las veces, a las visiones del grupo en el poder y han resultado una máscara para disfrazar la resistencia a los cambios verdaderos. Las mal llamadas "estructurales" impusieron además enormes regresiones a un proyecto nacional forjado durante generaciones.

Desde 1995 las fuerzas progresistas plantearon un conjunto de reformas armónicas para la democratización del país. Un año después logramos las transformaciones del sistema electoral que permitieron el precario pluralismo político de nuestros días y que, desgraciadamente, fueron desvirtuadas a fin de consolidar la continuidad de los intereses en el poder. 

Alcanzamos también la relativa autonomía política del Distrito Federal, que ha propiciado innegables avances sociales y ahora mismo estamos en la brega por devolver a los habitantes de la capital la plenitud de sus derechos.

La reiteración de los intentos por una revisión integral de la Constitución estuvo presente en eventos cuyo contenido debiéramos revisar. Apenas estrenada la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados, impulsamos 37 foros de debate en los que se discutieron 1216 propuestas de modificaciones a 124 artículos de la Constitución. Esto es, más del 90 por ciento de la misma.

En el año 2000 se estableció la Comisión Nacional para la Reforma del Estado que, con la participación de cerca de 200 especialistas, planteó 150 reformas medulares a nuestra Carta Magna.

En 2001, el Instituto Nacional de las Revoluciones emprendió reuniones programáticas de las que resultaron propuestas para reformar 75 artículos de la Constitución.

En el año 2007 fue creada por ley la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, también con el objeto de revisar nuestra carta fundamental. A las reuniones celebradas llegaron 1157 ponencias que contenían 5656 propuestas específicas. Los partidos políticos presentaron, por su parte, 532 propuestas.

Estos datos, que pudiesen parecer prolijos, acreditan una necesidad manifiesta y un estado de la conciencia pública: recuperar nuestros orígenes y diseñar el futuro. Para ello, nuestra arma imprescindible es el artículo 39 de la Constitución, que otorga al pueblo la potestad inalienable de modificar en cualquier tiempo la forma de su gobierno y el derecho de iniciativa ciudadana previsto en los artículos 35 y 71 constitucionales, que permitirían elaborar y presentar al Congreso de la Unión un proyecto de nueva Constitución para el país.

Invito a las y los ciudadanos y a las fuerzas políticas progresistas a sumarse a este proyecto. Habría que establecer los ejes fundamentales para una agenda que recogiera los esfuerzos anteriores y planteara soluciones a la altura de nuestro tiempo, en proporción a la tragedia nacional.