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Por México Hoy. Reforma del Artículo 135 Constitucional. PDF Imprimir Correo electrónico
Lunes 08 de Febrero de 2016 03:22

Cuauhtémoc Cárdenas.

Casona de Xicoténcatl.

Ciudad de México, 7 de febrero del 2016.

 

Recién conmemoramos hace dos días, el 99º aniversario de la promulgación de nuestra Constitución.

En Querétaro, el 5 de febrero de 1917, el Constituyente aprobó el texto de una Constitución que por primera vez en el mundo, reconocía derechos sociales a campesinos, a trabajadores y a la población en general, y asignaba al Estado facultades para que, en función del interés público, pudiera orientar e intervenir directamente en la vida económica.

Desde aquel tiempo, más de 600 reformas se han introducido al texto original.

Muchas de ellas, con el espíritu del Constituyente, que representaron avances en los derechos de los mexicanos y dotaron al Estado de mayor capacidad para rescatar, defender y ejercer la soberanía de la Nación; otras, entre ellas, las del artículo 27 en materia agraria de 1946-1947; las de principios de la década de los años 90 del siglo pasado en lo agrario, educativo y en áreas importantes para la laicidad; y, las llamadas reformas estructurales de la actual administración, que constituyen franca negación al espíritu de Querétaro y graves retrocesos por la pérdida de derechos sociales para los mexicanos, así como  despojo de facultades al Estado para defender la soberanía e integridad nacionales, y conducir el desarrollo general sin imposiciones ni interferencias nocivas de intereses contrarios a los de México y de la mayoría de los mexicanos.

 

Bien puede decirse que después de las reformas estructurales, se ha retrocedido en materia constitucional a tiempos anteriores a 1917: formalmente no están autorizadas las concesiones en materia petrolera, pero las licencias y figuras semejantes son equivalentes a aquellas; los derechos laborales han sido parcialmente anulados por prácticas viciadas y corruptas y se anuncian nuevas reformas que reducirían casi a la nada, de manera legal, los derechos de los trabajadores; se abrió la posibilidad de privatizar tierra ejidal y comunal, y mucha, de la más valiosa por sus capacidades productivas o por su potencial inmobiliario, la han perdido los campesinos, que, además, en la práctica, aquellos sin tierra, han quedado sin capacidad para reclamarla del Estado; al magisterio se le afecta laboralmente; en lo hacendario, se aprobó una reforma que por no tocar los intereses de los sectores con los ingresos más altos, pero que si lastima a los de ingresos bajos, resulta insuficiente para financiar los requerimientos del desarrollo nacional.

Por otra parte, más de tres décadas de políticas neoliberales –esto es, socialmente excluyentes, políticamente subordinadas y económicamente entreguistas-, que han estado determinadas por la imposición de intereses externos, consentidas por las distintas administraciones de los años 80 para acá, y la misma convicción político económica de los grupos en el poder, a lo que debe agregarse la creciente corrupción e impunidad, han destruido buena parte de las estructuras productivas del país, cediendo los principales mercados del país a productores del exterior; concentrado la riqueza de manera excesiva en grupos cada vez más reducidos; incrementado la desigualdad social, al igual que la pobreza; desmantelado o desaparecido instituciones básicas para el fomento de las actividades productivas, y todo ello, acompañado del más profundo descrédito institucional y por un crecimiento desenfrenado y explosivo de la violencia y la llamada delincuencia organizada, enfrentadas a la impotencia de los aparatos represivos del Estado y a la evidente ineficacia de las políticas instrumentadas con ese fin por las últimas administraciones.

POR MÉXICO HOY surgió ante la inconformidad con la situación de profundo deterioro social y económico y de dilución institucional que hoy vive nuestro país. Dijimos, desde que nació nuestro movimiento, que cambiar esta situación era no sólo indispensable, sino, sobre todo, que era posible y que estábamos decididos a llevarlo a cabo.

Es preciso que se adopte y ponga en práctica la instrumentación de un nuevo modelo de país, un nuevo proyecto de nación. Nuestra historia nos deja ver que las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas se han dado a partir de movimientos armados revolucionarios, de fuertes convulsiones sociales: la Independencia, la Reforma y la Revolución, que políticamente se consolidaron al dar vigencia a las Constituciones federales de 1824, 1857 y 1917; la historia nos enseña que los grandes retrocesos se dieron en el pasado, igualmente, mediante movimientos armados, que buscaron consolidarse con normas centralistas, como las llamadas Siete Leyes de 1836,  las Bases Orgánicas de 1843 y la intervención que trajo al imperio.

Los mayores retrocesos constitucionales, en la pérdida de derechos de los mexicanos y en el debilitamiento del Estado después de 1917, han tenido lugar sin que se hayan producido movimientos armados, aunque si, por las consecuencias sociales y políticas de las reformas, han constituido verdaderas contrarrevoluciones, pacíficas si así se les quiere ver, pues las víctimas no han sido ni son necesariamente por las balas, sino por la miseria, la renuncia de las administraciones a sus responsabilidades sociales, la negación de oportunidades, las condiciones que fuerzan a migrar, los efectos de la corrupción y la impunidad. Y sin duda, la contrarrevolución más retrógrada, la de consecuencias de mayor profundidad en las estructuras políticas y económicas y en el tejido social, el mayor golpe a la sociedad y a la nación después de 1917, lo ha dado y lo sigue dando el entreguismo neoliberal, ensoberbecido e implacable ahora con las reformas estructurales que ha impuesto.

No estamos en época de movimientos armados. Hermanos nuestros, principalmente en Sudamérica, nos han dado ejemplo, aun en estos tiempos de los Consensos de Washington, que movilizándose políticamente y sin derramamiento de sangre, han sido capaces de poner en práctica políticas de Estado autónomas, con decisiva inclinación popular, e incluso, cuando lo creyeron necesario, de crear nuevas constituciones. Este parece ser el camino señalado para nosotros, para cambiar el modelo de nación libertario y equitativo que se impulse en la práctica, el que requerirá de una profunda reforma al texto actual de nuestra ley fundamental, es decir, de hecho, de una nueva constitución.

Pero el viraje en el rumbo del desarrollo puede empezase ya, sin necesidad de la revisión integral de la Constitución y en su caso de reformas básicas en ella, sino con políticas de Estado con fuerte contenido social que puedan instrumentarse de inmediato, al tiempo que se lleva a cabo el proceso desde la convocatoria hasta la promulgación de una totalmente renovada ley suprema.

Las condiciones para alcanzar estos objetivos son, primero, ir generando el agrupamiento político ciudadano que llegue a ser mayoría, hablando, convenciendo, organizándonos por todo el país, para, entre todos, construir el proyecto de nación al que aspiramos; por la otra, empezar a crear las condiciones para convocar a un nuevo congreso constituyente, siendo el primer paso para ello, la reforma del artículo 135 de la Constitución, así como reformas complementarias de los artículos 35, 36 y 41.

Es tan amplia la reforma constitucional que hace falta para retirar del texto todas las medidas regresivas, que pueden así considerarse desde un punto de vista democrático y progresista, sus contradicciones y repeticiones, así como, entre las cuestiones relevantes, para incorporar nuevos derechos de la gente, restituir las capacidades del Estado para orientar el desarrollo económico, democratizar la administración de la justicia y garantizar la rendición de cuentas, que, de hecho, como se ha dicho, se tratará de una nueva constitución.

El artículo 71 constitucional establece que los ciudadanos tenemos derecho a iniciar leyes o decretos, si lo manifiesta el 0.13% de la lista nominal de electores. Esto significa que alrededor de 100 a 120 000 ciudadanos expresándose al efecto, pueden proponer al Congreso la reforma del artículo 135 y de los demás. Pero 120 000, con lo que se cumpliría el requisito de ley, no representarían, en el sentir popular, una cantidad políticamente significativa para demandar una reforma que permita la revisión integral o renovación de la Constitución, con los alcances que pretendemos.

Se requieren muchas más firmas que respalden esta iniciativa. Por eso, les pedimos desde ahora que firmen, antes de retirarse, en las hojas correspondientes. Les pedimos también que promuevan, por todos los medios a su alcance, una intensa y amplia campaña de recolección de firmas, que tendremos que realizar en varios meses por delante. Hay que recorrer colonias, pueblos, centros de trabajo y de estudio de todos los municipios, de todos los estados, de todo el país, para reunir como mínimo un millón de firmas, para que una fuerza significativa de mexicanos respaldemos el cambio de rumbo en el desarrollo del país y la convocatoria de un nuevo congreso constituyente, que reciba del pueblo mexicano un mandato de soberanía, independencia, justicia y equidad.

En 2018 pueden preverse cambios profundos para bien o para mal, en este caso, la consolidación de la subordinación, la desigualdad y el estancamiento. Quienes participamos en POR MÉXICO HOY no estamos para esperar hasta 2018 y ver qué sucede. El cambio de la situación generalizada de deterioro urge ya y puede y debe empezarse ya. No es por lo tanto cuestión de esperar a la suerte incierta de elecciones. No estamos ni estaremos en contra de la participación electoral, con libertad para cada uno de nosotros y a su tiempo.

Pero no es cuestión de dejar correr el tiempo y sólo armarse de paciencia. El agente de cambio que nos toca construir y fortalecer, es la toma de conciencia, la decisión y la confianza de la gente en que tiene la razón para exigir y movilizarse, ya. Pongamos manos a la obra.