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78º aniversario de la Expropiación Petrolera. PDF Imprimir Correo electrónico
Miércoles 23 de Marzo de 2016 05:00

Cuauhtémoc Cárdenas

 

Coatzacoalcos, Ver.

 

18 de marzo del 2016.

 

Llegamos a este 78º aniversario de la Expropiación Petrolera cuando la Nación sólo observa la destrucción acelerada de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, hechos que se han constituido en los símbolos más destacados de la llamada reforma energética, una contra-reforma que resulta de la más errática y dañina gestión de la política energética que haya conocido el país.

El gobierno ha decretado descarnadamente la bancarrota financiera de Pemex y la CFE. Pero eso, en modo alguno, en el caso de Pemex, podrá explicarse por la caída de los precios internacionales del petróleo, como se ha querido hacer creer a la opinión pública.

 

La caída de los precios es un fenómeno cíclico que en otros tiempos se ha presentado, como ocurrió en 2009, cuando los precios cayeron hasta 57 dólares, o en 1998 cuando el precio del petróleo mexicano se desplomó hasta los 10 dólares. Pero ninguna de esas situaciones precipitó la quiebra de Pemex.

 

Hoy, la reducción de los ingresos petroleros se ha traducido en una ola de desestabilización para la economía del país, que ha provocado la devaluación de nuestra moneda, el resurgimiento de la inflación, la disminución de los ingresos reales de los mexicanos en conjunto y decenas de miles de nuevos desempleados de las empresas estatales, que se agregarán a los millones de compatriotas que en su miseria, desaliento y desesperanza, se ven envueltos en la inseguridad y violencia que azotan al país.

 

Las dificultades que hoy vive Petróleos Mexicanos, que incluso le impiden cubrir sus obligaciones de corto plazo con proveedores nacionales y extranjeros, su creciente endeudamiento y lo que es mucho más grave: la pérdida acelerada de las reservas de hidrocarburos de la Nación, son las consecuencias de una política deliberada con la que por años se ha procurado sistemáticamente su debilitamiento, desinversión y finalmente desaparición de la actividad petrolera.

 

Los continuos recortes presupuestales que el gobierno ha centrado en Pemex, detuvieron inicialmente la expansión de la petroquímica, luego de la refinación y de la exploración, y ahora incluso de la producción primaria de petróleo y gas natural, lo que está poniendo en gran riesgo la seguridad energética del país.

 

Poco a poco nuestra se ha ido haciendo que nuestra industria petrolera vaya perdiendo su estructura integrada, condición esencial de su eficiencia económica en el largo plazo, convirtiéndola así en el eslabón extractivo de un sistema que localiza sus fases industriales y de generación de valor agregado al norte de nuestras fronteras.

 

A la importación masiva de productos petroquímicos ha seguido la compra en el exterior de cada vez mayores volúmenes de gasolinas y pronto nuestro país estará importando petróleo crudo de Estados Unidos. En contraste, disminuyen las exportaciones mexicanas, generando una balanza comercial petrolera destinada a ser estructuralmente deficitaria. El saldo deficitario de la balanza de Pemex brincó de mil millones de dólares en 2013, cuando aún se vendió el crudo mexicano a 91 dólares el barril, hasta los 14 mil millones de dólares en 2015. Situación nunca antes vista.

 

Desde hace décadas, el discurso oficial en materia energética ha insistido en que las reformas estructurales beneficiarán al país con inversiones multimillonarias para ampliar la industria petrolera y reducir los precios de los energéticos. Todo ello no ha sido sino una mentira rotunda. La apertura a la inversión privada en petroquímica, iniciada durante la segunda mitad de los años noventa, después de más de veinte años, no ha producido ningún proyecto destacado que pudiera compararse con los proyectos de Pemex en los años ochenta. El fracaso ha sido tal, que recientemente Pemex intentó reiniciar los proyectos de etileno y fertilizantes que, de manera ridícula, ha tenido que cancelar con pérdidas a sólo unos meses de haberlos anunciado.

 

Lo mismo ocurrió con la primera generación de contratos de explotación primaria, llamados “contratos de servicios múltiples” para la explotación de gas natural y aceite en campos maduros, asignados a particulares en los primeros años de este nuevo siglo, cuyos resultados han sido productivamente irrelevantes.

 

Debemos citar también la congelación de los proyectos de refinación cuya construcción hubiera aportado no sólo mayor autosuficiencia en combustibles sino que, por su magnitud, hubieran contribuido, por varios años, al repunte de la actividad económica nacional. Otro tanto ha ocurrido con los proyectos para ampliar la capacidad de ductos y poliductos, que bajo una política para incorporar contenido nacional hubiera significado el florecimiento de una industria privada pujante y generadora de empleos bien remunerados.

 

En contraste, la gestión gubernamental del sector energético ha estado centrada en una sola perspectiva: privatizar el mayor número de actividades, en el menor tiempo posible.

 

La privatización del sector ha entrado a una nueva fase, más agresiva, al entrar en vigor la legislación secundaria el 11 de agosto de 2014, aunque las primeras acciones significativas se han instrumentado durante meses más recientes. Desde julio de 2015 hasta hoy, se han asignado contratos y concesiones petroleras a particulares en 33 bloques, que afectan 1 635 km2 de territorio nacional, en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, que benefician a 22 empresas que podrán explotar cerca de 4 mil millones de barriles de reservas probadas y potenciales durante los próximos 35 y hasta 50 años.

 

La contra-reforma petrolera del gobierno coincidió con el colapso de los precios internacionales del petróleo. La gravedad de este hecho, que hizo descender los precios del petróleo mexicano de 100 hasta 20 dólares el barril, debió disuadir al gobierno, al menos temporalmente, de licitar los recursos petroleros de la Nación. En lugar de ello abarató y redujo las condiciones contractuales que deben cubrir las empresas interesadas.

 

En la tercera y última licitación concluida, las autoridades fijaron como porcentaje adicional de regalías el mínimo posible, es decir 1%. Así, el promedio base de concurso para todos los bloques fue 3.68%; mientras que el incremento general al programa de trabajo se tasó en cero. Al aplicar entonces el artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contratista tendrá que pagar una regalía del 11.3 %, al nivel de precios existente, y de 9.5 % si el precio rebasa los 48 dólares por barril.

 

Con esas cifras, se concluye que al Estado mexicano le convienen más que los precios internacionales del petróleo se mantengan deprimidos.

 

Como de inmediato se puede observar, más allá de otros elementos que tendrá que pagar el contratista, su pago queda muy por debajo de la tasa de derechos que paga Pemex sobre la producción obtenida de los campos licitados: 70 % sobre el valor bruto del petróleo, con todo y lo “generosas” que han sido las empresas ganadoras al ofrecer pagar 51% adicional de la regalía que marca la ley.

 

Con estos antecedentes, el gobierno está licitando concesiones en las zonas profundas del Golfo de México, ahí donde los gobiernos anteriores han afirmado que se guarda el mayor tesoro petrolero del país. Son concesiones a 50 años que representan gran pérdida para el país y una reserva que utilizarán los consorcios transnacionales a su sola conveniencia.

 

Un aspecto importante de la privatización que se está haciendo de los yacimientos mexicanos es la vulneración del patrimonio de Pemex. Todos los campos hasta ahora licitados fueron descubiertos y desarrollados por Pemex, sin haberse aun definido cuál será la remuneración que obtenga. En otras palabras, se regala el patrimonio de la Nación, ya que en la licitación no aparece ningún concepto que establezca que el contratista deba pagar por las inversiones realizadas y las reservas desarrolladas por Pemex en cada bloque. Se entrega así a particulares, un negocio público en marcha y con un extraordinario mercado, con todo y el derrumbe de los precios.

 

Por otra parte, se ha anunciado que se adelantará la libre apertura de gasolineras, aunque se mantendrán los altos precios que pagamos los mexicanos por cada litro de combustible. Al respecto debe decirse que Pemex, en Houston, puede vender gasolina al consumidor estadounidense en un equivalente de 9 pesos, aún con la devaluación, de modoque pareciera que el interés del gobierno es ofrecer a las nuevas empresas distribuidoras un sobreprecio en el mercado mexicano, en lugar de alinear internacionalmente los precios, lo que daría al consumidor mexicano una reducción verdaderamente efectiva.

 

Vemos entonces, que el grupo que hoy gobierna el país está transfiriendo, a pasos agigantados, la propiedad de la Nación al usufructo de unos cuantos. Por ello, hoy más que nunca, es indispensable llamar a la organización popular para defender un destino que se nos quiere arrebatar, para articular una lucha de magnitudes nacionales que ponga fin y revierta la llamada reforma energética y devuelva a la Nación, es decir al pueblo en su sentido histórico, el control y usufructo pleno de su riqueza en hidrocarburos y en recursos naturales.

 

No puede pasarse por alto que el pasado mes de noviembre, el secretario de Energía entregó a la Agencia Internacional de Energía (AIE) una solicitud formal para el ingreso de México a esa organización.

 

El estatuto fundador de esta agencia establece la obligación de sus miembros de coordinar las políticas de energía de acuerdo a los consensos que se alcancen en su interior (artículo cuarto). Por ello, es evidente que la pretensión del gobierno es atar sus reformas a instancias totalmente ajenas a nuestros intereses, controladas por las grandes transnacionales petroleras,  que en el futuro impedirían al país dar marcha atrás.

 

El ingreso de México a la Agencia Internacional de Energía constituye una medida que debe ser explicada al Senado de la República con la transparencia necesaria y para el pleno conocimiento de la opinión pública.

 

Al recordar hoy la gesta del 18 de marzo de 1938 y a quienes junto con Lázaro Cárdenas hicieron posible la recuperación por la Nación de sus recursos petroleros, reafirmamos nuestro compromiso de lucha hasta que la reversión de la contra-reforma energética sea una realidad y la riqueza petrolera de México vuelva a estar al servicio de su desarrollo soberano y del bienestar del pueblo.