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Propuesta de Agenda Política PDF Imprimir Correo electrónico
Martes 01 de Diciembre de 2009 00:00

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Carlos Lavore Herrera, Jorge Martínez y Almaraz, Salvador Nava Calvillo, Marco Rascón, Telésforo Nava Vázquez, Emilio Pradilla Cobos, Iris Santacruz Fabila.

El país atraviesa por una severa crisis generalizada. La implantación de las políticas neoliberales, desde diciembre de 1982, limitó la capacidad de crecimiento y ha generado una economía cada vez más excluyente; por lo mismo, el Estado fracasó en su declarado propósito de crear condiciones de bienestar para todos los mexicanos. La mayoría de ellos sufre por el desempleo y la pobreza, lo cual obliga a muchos a emigrar, unos hacia los Estados Unidos en busca de lo que sus gobernantes son incapaces de proporcionarles, otros más a las grandes ciudades del país, en las que al no encontrar un empleo formal terminan sumidos en la economía informal, en la mendicidad y hasta en la delincuencia.


 

 

A la crisis estructural que de tiempo atrás agobia a los mexicanos, se ha añadido esta última crisis internacional, cuyos efectos están arrasando la calidad de vida, al agravar el desempleo, comprimir los salarios reales, degradar los servicios y minimizar aún más los derechos sociales. El gobierno no ha tenido capacidad ni voluntad para reaccionar y proteger a las grandes mayorías y por el contrario, el país está siendo conducido a un desastre económico, particularmente grave en el caso de los asalariados y pequeños empresarios.

A la ineficiencia que ha mostrado el Estado para combatir la crisis económica se agrega su ineficacia para combatir al crimen organizado que ha penetrado profundamente dentro del aparato estatal. En esta materia el Estado también ha sido rebasado y no está cumpliendo su obligación primigenia de garantizar la seguridad a la sociedad. 

Todos estos factores están conduciendo a una grave crisis social que puede desembocar en la ingobernabilidad, que en momentos ya asoma su rostro. En estas condiciones un peligro, cada vez mayor, es que el gobierno termine optando por una salida autoritaria.

Es necesario rescatar a la ética como valor de la política, evitando la confrontación polarizante y estéril, e impulsando los acuerdos necesarios para sacar adelante al país. También es hora de rescatar a la política como el único medio de construcción de la democracia.

Frente a este panorama y con estas preocupaciones en mente, quienes firmamos este documento, en nuestra simple calidad de ciudadanos, en este caso sin ningún vínculo partidario, nos propusimos elaborar un diagnóstico de la situación nacional y plantear algunas vías de solución a los grandes problemas del país, que ahora te hacemos llegar, así como a otros amigos más.
Tu opinión sobre este documento, que agradeceremos nos des a conocer, nos permitirá enriquecerlo y abrir un debate más amplio para tratar que sus propuestas básicas se conviertan en políticas que se lleven a la práctica y contribuyan a la mejor atención y solución de los problemas que hoy enfrenta nuestro país.

De esta manera actualizamos y damos continuidad al proyecto de construir una nación igualitaria, democrática, justa y generosa con sus hijos, el México para todos por el que hemos venido luchando.

 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Carlos Lavore Herrera, Jorge Martínez y Almaraz, Salvador Nava Calvillo, Marco Rascón, Telésforo Nava Vázquez, Emilio Pradilla Cobos, Iris Santacruz Fabila.
México, D. F., diciembre del 2009.

Propuesta de Agenda Política

 

En México, en la coyuntura actual se combinan: una profunda recesión económica nacional articulada a la mundial, que encontró al país con sus defensas intencionalmente destruidas, y ha conllevado la caída de los ingresos públicos y la crisis fiscal; el agravamiento de la cuestión social con el crecimiento del desempleo, la caída de los salarios e ingresos de los trabajadores y el aumento de la pobreza; el agotamiento y la crisis del sistema electoral y del sistema de partidos políticos; un grave deterioro institucional; la parálisis del proceso de democratización del régimen político; la irresponsabilidad del Estado ante la sociedad y sus propias normas; la embestida sangrienta del crimen organizado; y la impunidad y la corrupción que invade las estructuras de las instituciones de la seguridad pública y la impartición de justicia.

Estas son manifestaciones de añejos problemas estructurales del Estado y la sociedad que afloran cada vez con más agudeza. Más allá de la coyuntura, en sentido estratégico, México parece haber perdido el rumbo. La expectativa neoliberal de integración norteamericana está muy lejos de cumplirse, y no ha producido los frutos prometidos de crecimiento económico sostenido y bienestar social; y la integración con América Latina no es un objetivo deseado por los gobiernos de turno. Internamente, no se configura un modelo de país socialmente incluyente que esté a la altura de las aspiraciones de los mexicanos, de la compleja coyuntura actual, de su posición geopolítica y de su propia historia.

Los gobiernos de derecha administran lo que heredaron, y esperan que el mercado y la inversión privada les solucionen todo. Las fuerzas progresistas y de izquierda, hundidas en una crisis profunda de conducción, han sido incapaces de forjar una propuesta política alternativa a la oficial y una hegemonía que construya y conduzca a un México para todos.

Pero esta grave coyuntura nos da las claves esenciales para plantear las reformas que requiere con urgencia la nación mexicana, tanto para superar la crisis actual, como para orientar los cambios estructurales que permitirían garantizar el desarrollo económico con equidad social, la sustentabilidad ambiental y la convivencia democrática.

Por todo lo anterior, dando continuidad al proyecto de Un México para todos (Enero 2005, Editorial Planeta, México), proponemos al pueblo mexicano organizarnos para conquistar democráticamente:

1. Una política anticrisis de crecimiento económico sostenido y sustentable, y un desarrollo social equitativo

El patrón neoliberal de crecimiento económico ha sido un fracaso total: no ha logrado mantener un crecimiento económico sostenido y ambientalmente sustentable, ni ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población.

Luego de dos y media décadas de mediocre desempeño de la economía, ahora nos está dando una prueba más de la ineficacia de las políticas neoliberales: la grave crisis económica en curso, que se manifiesta en la más profunda caída del PIB total desde la Gran Depresión de 1929 (-10.3 % en abril-junio 2009), la contracción aún mayor del PIB Industrial (-15.1% de enero a junio 2009), y la reducción de cuatro variables claves de la economía: las exportaciones en un 57 % (US. $ 14 mil millones), los ingresos petroleros (200 mil millones de pesos), los ingresos fiscales (270 mil millones de pesos), y las remesas de los mexicanos emigrados al extranjero (-36 % en 2009). El impacto de estas deplorables condiciones de la economía ha sido crítico sobre el aumento del desempleo, la caída del salario real y el crecimiento de la pobreza.

Por ello, hay que modificar sustancialmente este patrón de crecimiento económico, aplicando al mismo tiempo un programa estructural anticrisis de recuperación y reestructuración económica, así como de desarrollo social integral, que incluya:

  • Renegociar los acuerdos de libre comercio firmados por el país, en particular el TLCAN, en un esquema de acuerdos o tratados de desarrollo, que consideren aspectos particulares como el comercio agropecuario y los subsidios agrícolas, la cláusula de nación más favorecida, los subsidios compensatorios internacionales a las regiones y ciudades atrasadas así como para la modernización de actividades y sectores atrasados, la propiedad intelectual y las patentes, la preservación ambiental, la libre circulación de los trabajadores, los derechos laborales y sociales, etc.

 

  • Impulsar el desarrollo industrial mediante la elaboración y aplicación concertada de una política de reindustrialización que tenga en cuenta las ventajas comparativas de las regiones y sus trabajadores, busque su crecimiento armónico, desarrolle las cadenas productivas internas, privilegie las industrias tecnológicas limpias, incentive al capital productivo y de prioridad a la producción interna en las obras y adquisiciones públicas.

  • Reestructurar y reforzar el sistema de Banca de Desarrollo para el financiamiento del sector agrario e industrial, las PYMES, la infraestructura, la vivienda y el turismo, etc., dotándola de autonomía de operación, sometiéndola a la evaluación por resultados y orientando hacia ella los recursos de las Afores y Siefores.

 

  • Apoyar la recuperación del mercado interno, en particular el de los sectores mayoritarios, mediante la recuperación paulatina de la capacidad adquisitiva perdida de los salarios y los ingresos de los trabajadores.

  • Orientar la contratación de obras y adquisiciones de bienes, servicios y tecnología que realizan los tres niveles de gobierno y las paraestatales, hacia las empresas y proveedores nacionales.

 

  • Apoyar la producción campesina (ejidal, comunal, cooperativa y asociativa en general) con obras de infraestructura crédito, y asistencia técnica para la producción y la comercialización.

  • Incrementar sustancialmente el apoyo financiero, tecnológico, fiscal, comercial y en infraestructura para la micro, pequeña y mediana empresa vinculada con el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas del país y sus regiones, en particular las más atrasadas.

 

  • Fortalecer, ampliar y aplicar con rigor y efectividad la regulación pública de aspectos cruciales de la actividad económica como las prácticas monopólicas, la operación del capital financiero y bancario, las normas de calidad de productos y servicios, las normas ambientales, etc.

  • Aumentar el apoyo financiero, material e institucional a los investigadores y a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, en particular a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, fijando objetivos y metas específicas.

 

  • Poner en práctica una política salarial que mantenga los incrementos de los salarios por arriba de los índices de inflación a fin de recuperar paulatinamente la capacidad de compra de la población y con ello dinamizar el mercado interno.

  • Regularizar paulatinamente la economía informal mediante la erradicación de las actividades ilegales (piratería, contrabando, narcomenudeo, venta de mercancía robada, etc.) y la integración operativa y fiscal de las actividades lícitas, utilizando la negociación, e incentivos como la integración al seguro social, planes de vivienda y la dotación de infraestructura y servicios públicos básicos adecuados a la operación del sector.

 

  • Elevar selectivamente la inversión y el gasto público que generen empleo estable y bien remunerado en: a) infraestructura y servicios públicos esenciales a la reproducción social, que garanticen los derechos humanos universales (alimentación, educación, salud, asistencia social, recreación pública); y b) que sirvan al incremento productivo (electricidad, agua, gas, transporte de mercancías y colectivo de pasajeros, etc.); y dejar de lado las obras suntuarias, de prestigio, o para el consumo individual de lujo.

  • Desarrollar proyectos de inversión de mediano y largo plazos, de alto impacto regional y nacional, en materia de desarrollo, generación de empleo estable e integración territorial, por ejemplo: ferrocarril transístmico de doble vía y alta velocidad, expansión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, red nacional de ferrocarriles de alta velocidad, etc.

 

  • Reformar la legislación del Banco de México, para incluir en sus objetivos, los de la promoción del desarrollo económico y la creación de empleo.

  • Orientar la política social hacia la inversión y la operación de infraestructura y servicios que sirvan a la garantía universal, cuantitativa y cualitativa, de los derechos humanos que forman parte de la seguridad humana (alimentación, trabajo, agua y drenaje, educación, salud, vivienda, movilidad, recreación, etc.), limitando paulatinamente los programas asistenciales, compensatorios y focalizados, a situaciones temporales de crisis, desastres o necesidad extrema.

 

  • Incrementar sustancialmente el apoyo financiero e institucional a la educación de calidad en todos los niveles, así como a la capacitación laboral y a la dignificación del trabajo docente.

2. Una política energética de desarrollo integral

Los recursos naturales, sobre todo los relacionados con la explotación de los hidrocarburos y la generación de electricidad, son una de las más valiosas e importantes riquezas de México. Sin embargo, carecemos de una política integrada que favorezca su aprovechamiento sustentable y la gestión de estas áreas, encomendada exclusivamente al Estado por la Constitución, presenta insuficiencias que significan la pérdida de oportunidades para el crecimiento del país y de la actividad productiva en particular, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la preservación del medio ambiente. La reforma a PEMEX aprobada recientemente no fue suficiente, ni resuelve integralmente los problemas del sector.

La importancia del sector energético es conocida. Es un sector estratégico para la economía y las finanzas públicas, clave en la política exterior y vital para la seguridad nacional, el funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las familias mexicanas. Ante la situación actual, se requiere acelerar la puesta en práctica de las reformas en materia petrolera aprobadas en 2008 y proseguir los cambios que impulsen el desarrollo racional del sector.

  • Desarrollar un sistema de planeación energética con participación gubernamental, legislativa, y de las empresas participantes en la producción y consumo de insumos y bienes de las empresas públicas de energía, que dote al Estado de una política energética racional, dé prioridad a la exploración, a la certificación de reservas y a la transformación industrial de los hidrocarburos en el país, a la seguridad energética.

 

  • Fortalecer a las empresas nacionales que contribuyan al desarrollo de proyectos petroleros e industriales, que sean base para la innovación tecnológica y la formación de capital humano.

En materia de hidrocarburos:

  • Acelerar la puesta en práctica de las modificaciones legales y las políticas acordadas en la reforma petrolera del 2008, que corresponden a: a) la efectiva transformación de PEMEX en una entidad pública productiva, con autonomía  presupuestal y de gestión y con un órgano de gobierno con presencia ciudadana, que impida los privilegios políticos y el indebido beneficio de particulares; y b) mejorar el régimen fiscal de PEMEX hasta lograr que se evite la confiscación de los recursos que genera por la Secretaría de Hacienda, se vincule su contribución fiscal a la situación de sus activos, separe la actividad extractiva de la industrial para que ésta sea tratada bajo parámetros fiscales similares a los de otras empresas, y la extracción de petróleo y gas sean gravadas como tales, se garantice la inversión para la expansión de la industria, así como la recuperación de los niveles de reservas, vinculando el uso de los recursos excedentes a proyectos de largo plazo en investigación tecnológica y formación de capital.

 

  • Facultar al Congreso para establecer, a propuesta del Ejecutivo, las plataformas anuales de extracción y exportación de hidrocarburos, así como los criterios para que los volúmenes de hidrocarburos a extraer guarden una relación adecuada con un nivel de reservas que garantice la seguridad energética del país, lo que debe llevar a establecer compromisos de extracción vinculados a la incorporación de reservas, verificables por la autoridad responsable de garantizar los derechos de la nación sobre sus recursos petroleros.

  • Atender las necesidades de mantenimiento y expansión de la planta industrial de PEMEX (instalaciones para refinación, manejo de gas, petroquímica, sistema de ductos, flota, etc.), para garantizar el abastecimiento de productos, reducir costos y favorecer la competitividad de la economía nacional.

 

  • Crear una empresa pública encargada del manejo de la cadena de gas natural, enmarcada en las disposiciones constitucionales, que lleve a cabo la coordinación  entre los nuevos hallazgos, la producción nacional y las grandes importaciones que realiza sobre todo la Comisión Federal de Electricidad.

  • Dado que de acuerdo al tratado suscrito entre México y Estados Unidos, este último país podrá iniciar la perforación en aguas profundas del Golfo de México, en la zona fronteriza limítrofe con el nuestro, a partir de enero del 2011, es urgente iniciar negociaciones entre ambos gobiernos para determinar las modalidades de explotación y reparto de beneficios en el caso de la explotación de los yacimientos transfronterizos.

 

  • Dar mayor atención en PEMEX a las exploraciones en aguas profundas, que dependen del acceso y control de innovaciones tecnológicas complejas, que pueden requerir de alianzas con otras entidades.

  • Apoyar las acciones tendientes a la generalización de tecnologías ahorradoras de hidrocarburos como, por ejemplo, los automotores eléctricos o híbridos.

 

En materia de electricidad:

  • Mejorar la calidad del servicio público de energía eléctrica y determinar sus tarifas en función de los costos de producción, las cuales deben ser equitativas, formuladas por el nivel de tensión y el tipo de suministro, sin privilegiar o discriminar a sectores de consumidores por su actividad, su nivel económico o su situación geográfica; y ser establecidas por el organismo regulador a propuesta del operador eléctrico.

 

  • Los subsidios en materia eléctrica deben provenir del fisco y no gravar la economía de las empresas públicas; deben desaparecer los subsidios cruzados entre sectores de consumidores; su monto y destino deben ser determinados, revisados y evaluados periódicamente por el Congreso. Las empresas públicas deben pagar efectivamente un aprovechamiento actualizado por el uso de bienes y recursos naturales de la nación.

  • Diversificar las fuentes de generación de energía, equilibrando el uso de las diversas fuentes para generar electricidad, estableciendo límites a la utilización del gas natural importado y revalorando las posibilidades carboníferas; desarrollar en forma combinada la energía eólica, la solar, la derivada de la biomasa y la hidroelectricidad; establecer cuotas de participación de otras fuentes renovables o no convencionales de energía y aplicar mecanismos compensatorios para que puedan competir con las fuentes tradicionales.

 

  • Alentar los procesos de generación distribuida en sus distintas modalidades: cogeneración, auto-abastecimiento y diversas formas descentralizadas de producción de energía eléctrica; mantener abierto el acceso de los productores con esas modalidades a la red eléctrica nacional, para la transmisión de la energía a sus centros de consumo y para la venta de excedentes y que éstos puedan ser aprovechados para el servicio público; pero estas actividades no deben fomentarse mediante subsidios.

  • La industria eléctrica estatal es capaz de financiarse de manera solvente y sin que signifique costos adicionales para los usuarios, a partir de las tarifas que deben ser la fuente principal del financiamiento para su expansión; para incrementar los recursos propios de las empresas eléctricas, se requiere abatir los costos de producción mediante aumentos de productividad y reducción de las pérdidas en la distribución y comercialización.

 

En materia de uso de la energía y cambio climático:

Los graves riesgos que enfrenta la humanidad a causa del cambio climático y su relación con la evolución energética, imponen que cualquier política en la materia considere un conjunto de acciones orientadas a reducir las emisiones de efecto invernadero que tengan como objetivo mejorar la eficiencia en el consumo de energía y estimulen el uso de tecnologías limpias.

  • Racionalizar el uso del transporte masivo de pasajeros y carga, estableciendo metas anuales específicas de construcción de vías de ferrocarril y sistemas urbanos de transporte colectivo, para abatir el consumo de hidrocarburos; y mejorar las normas para la producción de carburantes para atenuar las emisiones de CO2.

 

  • Reducir al mínimo aceptado por la seguridad industrial, el gas natural que PEMEX quema o vierte a la atmósfera; y establecer una supervisión estricta para que esta empresa y sus filiales cumplan la legislación sobre manejo de residuos peligrosos, descargas y preservación de la vida silvestre y el medio ambiente.

  • Establecer metas ambiciosas de reforestación, sujetas a verificación ciudadana e internacional, para incrementar la captura de bióxido de carbono que realiza la vegetación, utilizando una parte de los excedentes petroleros y la obtención de bonos ambientales, según los mecanismos del Protocolo de Kioto.

 

  • Elevar la eficiencia de la capacidad de generación eléctrica instalada, tomando conciencia de que se obtienen mejores resultados con la reducción de la demanda, que por el aumento absoluto de la oferta; aplicar un amplio programa para el aumento de la eficiencia energética que incluya el cambio a lámparas ahorradoras en hogares y oficinas, mejores normas de consumo de energía en equipos electrodomésticos e industriales; y la incorporación reglamentaria de calentadores solares de agua en la vivienda para disminuir el consumo de gas natural y/o licuado del petróleo.

3. Una reforma hacendaria integral, equitativa y suficiente

La recaudación tributaria que obtiene el Estado para su operación, resulta muy limitada (equivale al 9.5% del PIB), inferior a la de otras naciones de igual o mayor grado de desarrollo de América Latina y del mundo; es, por otra parte, socialmente inequitativa e insuficiente para promover el crecimiento económico, crear y mantener la infraestructura y los servicios necesarios al desarrollo socioeconómico, garantizar el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos a toda la población, y mantener la seguridad pública. La crisis fiscal actual muestra, además, que la reciente reforma fiscal fue insuficiente. El necesario aumento de los ingresos fiscales no debe recaer sobre los trabajadores empobrecidos; debe ser resultado de un esfuerzo de equidad social que parta de eliminar
Los privilegios fiscales, de evitar la evasión y la elusión, y de ampliar la base tributaria.

A lo anterior hay que añadir que los poderes del Estado en los tres niveles de gobierno gastan mal y a destiempo, invierten muy poco en infraestructura y servicios, erogan en exceso en gasto corriente y superfluo, no cuidan que la inversión sea de calidad, y la banca privada financia muy escasamente la inversión y operación de las empresas. Por tanto, lo que se impone es una reforma hacendaria integral:

  • Que parta de un diagnóstico - balance transparente y de un objetivo social claramente expresado; incluya recaudación y gasto; sea federalista, integrando a los tres niveles de gobierno; sea producto del consenso expresado en un Pacto Social Equitativo; parta de la racionalización del gasto público, eliminando el gasto suntuario; e incluya la rendición pública y transparente de cuentas de los responsables de su aplicación.

 

  • Incrementar progresivamente, a lo largo de 10 años, la recaudación tributaria hasta que sea equivalente a un 25 % del PIB.

  • Revisar los regímenes especiales y eliminar los privilegios fiscales.

 

  • Eliminar el Impuesto Especial a Tasa Única, IETU.

  • Aumentar significativamente la base de contribuyentes, poniendo atención preferente a los sectores empresariales, la informalidad, los trabajadores profesionales no asalariados, etc.

 

  • Simplificar y transparentar el sistema de recaudación fiscal.

  • Establecer en el ISR tasas impositivas progresivas, elevando gradualmente el de personas físicas y disminuyendo, también gradualmente, el de personas morales, elevando igualmente el piso a partir del cual se cobran impuestos sobre utilidades a 18 o 20%.

 

  • Incluir un impuesto a las transacciones financieras.

  • Elevar, equitativa y progresivamente, el impuesto predial según un catastro moderno y actualizado que estime adecuadamente la renta diferencial por uso del predio, ampliando así la base que corresponde a los municipios.

 

  • Fijar las tarifas de servicios públicos, agua en particular, de acuerdo a su costo promedio de producción u obtención, en forma transparente y progresiva según la magnitud del consumo y el destino del servicio, para que las empresas públicas sean auto financiables en su operación y generen los recursos necesarios para invertir en su adecuado mantenimiento y expansión. Todo subsidio que se otorgue respecto a estos servicios debe ser con cargo al fisco y en ningún caso a los organismos públicos correspondientes.

  • Facultar a los estados y municipios para introducir impuestos adicionales (por ejemplo, a la valorización por obras públicas, o a las plusvalías urbanas); y establecer la equidad social con recuperación de costos reales en los impuestos prediales y las tarifas de servicios.

 

  • Racionalizar el gasto público de todos los poderes estatales, eliminando el gasto corriente superfluo y los privilegios de altos funcionarios, reestructurando y racionalizando el aparato estatal y restringiendo el gasto publicitario.

  • Incrementar significativamente la inversión pública en infraestructura y servicios para el crecimiento económico productivo y la garantía de la seguridad humana, que promuevan la inversión productiva y la generación de empleo estable y adecuadamente remunerado.

 

  • Establecer el presupuesto plurianual para programas de grandes inversiones públicas.

4. Una reforma laboral democrática

La legislación laboral ha perdido parte de su contenido de garantías para los trabajadores, pero mantiene vicios como el corporativismo, el clientelismo y el autoritarismo que sólo benefician a patrones, líderes sindicales y funcionarios públicos corruptos. Se requiere una reforma laboral consensuada entre los poderes ejecutivo y legislativo, el sector laboral en su conjunto y la empresa, que:

  • Mantenga las conquistas básicas de los trabajadores consagradas en la legislación actual, como la libre organización sindical, el derecho de huelga, los contratos colectivos, las prestaciones sociales, etc.

 

  • Prohíba los contratos de protección creados y manejados en su beneficio por empresarios, cúpulas sindicales y funcionarios corruptos.

  • Elimine la cláusula de exclusión, generalice la votación universal, secreta y directa para la elección de dirigentes sindicales, establezca la obligatoriedad de la rendición pública de cuentas de éstos a los agremiados y limite la reelección de dirigentes a no más de tres períodos que en conjunto no rebasen los nueve años.

 

  • Generalice progresivamente los beneficios de la seguridad social a todos los trabajadores mexicanos del campo y la ciudad, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos.

  • Reestructure y sanee las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

 

  • Elimine el registro oficial de los sindicatos y la toma de nota por parte de la autoridad, sustituyéndolos por una inscripción voluntaria de los sindicatos y la información sobre la integración de sus cuerpos directivos a la autoridad laboral.

  • Reforme la legislación sobre el funcionamiento actual de los fondos de retiro y jubilación y su privatización, para pasar a un régimen que garantice en todas las circunstancias el derecho a una jubilación digna y suficiente, no sometida a riesgos de naturaleza financiera.

 

5. Un Estado que asuma su responsabilidad social

Los poderes del Estado Mexicano no han asumido su responsabilidad social: no garantizan en forma universal e integral el respeto y el ejercicio de los derechos humanos esenciales que conforman la seguridad humana; no vigilan eficaz y plenamente la calidad de la prestación de los servicios públicos por el sector público o el privado ni, en su caso, la correspondiente penalización del incumplimiento de la ley y las normas en estos campos. Casos tan dramáticos como la “perdida” de niños en los albergues judiciales del Distrito Federal (Casitas del Sur), la muerte colectiva de niños en la guardería ABC de Sonora subrogada por el IMSS, las muertes por virus hospitalarios en hospitales infantiles públicos y privados, los daños ambientales causados por PEMEX, la pésima calidad de la educación, la salud y otros servicios públicos, etc., lo muestran. Es urgente que el Estado asuma plenamente su responsabilidad social al:

  • Llevar a cabo las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a todos los habitantes del país, creando los mecanismos necesarios para que estos derechos puedan ser exigibles al Estado.

 

  • Dar prioridad real en la inversión pública, en los tres niveles de gobierno, que garantice el acceso universal a los bienes y servicios considerados como parte de los derechos humanos inscritos en la constitución: reproducción, niñez, alimentación, educación, salud, servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, electricidad, etc.), recreación, etc.

  • Aprobar la legislación necesaria y suficiente para que las instituciones estatales asuman plenamente la tutela de los derechos de la niñez.

 

  • Sustituir paulatinamente las ayudas monetarias focalizadas para “sectores vulnerables” de bajos ingresos, por la política social de garantía universal de los derechos humanos antes señalada.

  • Aplicar, promover, vigilar y penalizar efectivamente el incumplimiento de la legislación y las normas de seguridad, calidad y sustentabilidad en la prestación de servicios públicos estatales, privados o subrogados, que respondan al ámbito de la seguridad humana, cuyo cumplimiento podrá ser exigido y en su defecto, denunciado judicialmente por los usuarios.

 

  • Garantizar que las infraestructuras y servicios públicos prestados por el Estado cumplan las normas de calidad, seguridad y sustentabilidad establecidas por la legislación vigente.

6. Una reforma urbana integral

El país avanza hacia la urbanización casi completa, estructurada por 59 metrópolis de diversa dimensión y complejidad, y miles de centros de población muy pequeños, con fuertes carencias, dispersos sobre el territorio; la desigualdad social y la diferente disponibilidad de infraestructura y servicios es una constante al interior de las ciudades, entre estas, o entre el campo y la ciudad.

La legislación y los instrumentos de gestión urbana no responden a esta complejidad y la planeación territorial y urbana ha perdido casi totalmente su operatividad, eficacia y legitimidad al interior del Estado, reemplazada por la ficción de los “equilibrios del mercado”. Se requiere una reforma urbana integral que:

  • Establezca en la Constitución el derecho de todos los territorios a la igualdad progresiva en la dotación de infraestructura y servicios públicos básicos necesarios para garantizar a todos los habitantes los derechos humanos constitucionales, y fije los instrumentos para su exigibilidad.

 

  • Introduzca en la Constitución un nivel de gobierno metropolitano, para la gestión integral de las metrópolis, la planeación y la prestación unitaria de los servicios públicos en su territorio.

  • Revise la legislación sobre la planeación territorial, introduciendo en ella la participación ciudadana representativa y suficiente, la aprobación de los planes de desarrollo por los órganos legislativos para que adquieran carácter de leyes, creando además los instrumentos legales, financieros y materiales para su aplicación coherente e integral, así como los mecanismos que la hagan exigible por los ciudadanos.

 

  • Cree instancias de investigación, planeación, coordinación y articulación estratégicas de alta capacidad técnica, en todos los niveles de gobierno.

  • Revise la legislación sobre el impuesto predial, dándole carácter  progresivo según el tamaño del predio y su uso, y cree los impuestos municipales de valorización generada por las obras públicas y de recuperación pública de de plusvalías urbanas, con el fin de regular y limitar la apropiación de rentas del suelo urbano generadas por la sociedad y el mantenimiento de terrenos urbanizados destinados a la especulación.

 

  • Caracterice e Institucionalice el patrón (modelo) de desarrollo urbano compacto, las modalidades del crecimiento urbano interior por densificación y en altura, y de los medios de transporte colectivo adecuados para desactivar el uso del automóvil privado, para proteger el medio ambiente, bajar los niveles de contaminación, reducir la necesidad de obras periféricas de infraestructura urbana, disminuir el consumo de energéticos, sobre todo hidrocarburos, y mejorar las condiciones de integración y convivencia de los habitantes de las ciudades.

  • Actualice la legislación sobre expropiación por causas de interés público, delimitándolas claramente e integrando en ellas las relacionadas con el control de la especulación con el suelo, la utilización de lotes urbanos baldíos, y el desarrollo de proyectos urbanos compactos públicos o mixtos, así como las modalidades de su indemnización, las cuales estarían relacionadas con el uso real del predio y/o inmueble y su temporalidad.

 

  • Considere la participación de los distintos niveles de gobierno en empresas mixtas de desarrollo urbano-regional que lleven a cabo de acuerdo al interés público los grandes proyectos de infraestructura, vivienda de interés social, comercio y abasto, transporte, etc. necesarias al desarrollo armónico, ambientalmente sustentable y socialmente equitativo de las ciudades y regiones, y que el sector público pueda beneficiarse de las rentas y ganancias generados por ellos.

  • Revise la legislación sobre los Fondos de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE, etc.), y de otras instituciones públicas para reintegrar en ellas las funciones de garantía de la calidad de las viviendas producidas, de promoción y licitación directa de proyectos de vivienda de interés social.

 

  • Integre la legislación sobre desarrollo urbano y protección del medio ambiente, para que sean coherentes entre si en su formulación y aplicación, y garanticen realmente la protección del medio ambiente y el control de los procesos de contaminación ambiental derivados de la urbanización.