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Una política social de derechos universales PDF Imprimir Correo electrónico
Jueves 01 de Diciembre de 2005 00:00

 

Colectivo Un México para todos

La larga noche neoliberal iniciada en 1983 y aún no concluida, arroja un saldo negativo para la mayoría de los mexicanos: estancamiento económico, crecimiento de la pobreza y la indigencia, mayor desigualdad y exclusión social, e inseguridad generalizada; el resultado ha sido un deterioro alarmante del tejido social. Estas políticas han concentrado la riqueza en pocas manos, destruido millones de empleos e impuesto salarios muy bajos, situación que se agrava con la decisión de los gobiernos neoliberales de abandonar la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos sociales consagrados en la Carta Magna.

Crecimiento continuo de la pobreza

La pobreza en México no ha dejado de crecer en el último sexenio en términos absolutos y relativos. Según Julio Boltvinik, entre el 2000 y el 2004, los mexicanos en situación de pobreza moderada e indigencia aumentaron de 79 millones 167 mil (el 81,07 % de la población total) a 85 millones 17 mil (el 81,62 % del total). Entre ellos, los indigentes aumentaron de 40 millones 904 mil a 41 millones 260 mil, aunque disminuyeron relativamente, del 41,89 % al 39,61 % del total. La reducción relativa de los indigentes fue compensada por el aumento relativo de los pobres moderados (La Jornada, 11, 18 y 25 noviembre 2005). Esta situación es contradictoria con la ubicación de México entre las 10 mayores economías del mundo.

La continuidad del proceso de urbanización, y la focalización de los programas federales de atención a la pobreza en el ámbito rural, han dado como resultado que ella aumente en términos absolutos y relativos entre la población urbana (más de 2.500 habitantes), y disminuya ligeramente entre la población rural. Hoy, el 72,03 % de los pobres vive en los asentamientos urbanos, el 2,46 % más que en 2004, y los indigetes urbanos han aumentado del 51,47 % al 58,66 % del total, llegando a 24 millones 203 mil personas.

 

A pesar de que el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) utilizado por Boltvinik es el más incluyente y completo, no puede recoger muchos aspectos cualitativos no cuantificables que, además de incidir sobre la pobreza material, añaden nuevos componentes a la desigualdad y la exclusión sociales. La pobreza es resultado de una compleja combinación de factores de naturaleza dominantemente estructural, presentes a lo largo de la historia del país, pero agravados en las últimas dos décadas por las políticas neoliberales: a) económicos: desempleo masivo, caída aguda del salario real, incumplimiento y limitaciones de la legislación laboral, precariedad del trabajo e informalidad, monto decreciente de las pensiones y jubilaciones; b) sociales: ausencia de seguridad social, carencias cuantitativas y cualitativas de los servicios sociales –educación, salud, vivienda, agua potable y drenaje–, pocas oportunidades laborales, recreativas y culturales para los jóvenes pobres y desintegración familiar; c) culturales: desigual acceso a la cultura y discriminación étnica, de genero, de edad, de preferencia sexual; d) ambientales: efectos de la contaminación del agua, el aire y el suelo, y la falta de saneamiento, sobre sectores vulnerables; e) territoriales: inaccesibilidad al suelo y la vivienda adecuada, vulnerabilidad a desastres, tiempo y costo del transporte, degradación y poca habitabilidad de los ámbitos residenciales, y exclusión territorial.

 

Algunas cifras ejemplifican estas situaciones. El 56,8 % de la PEA percibe remuneraciones menores a 2 salarios mínimos, y solo el 10,6 % recibe más de cinco; y el salario mínimo ha perdido el 66,8 % de su valor real desde 1980 hasta el 2001. El desempleo, el subempleo y el trabajo informal registran tasas crecientes, afectan hoy al 50 % de la PEA, y cientos de miles de jóvenes buscan empleo cada año en un mercado laboral que no tiene capacidad para absorberlos. El 55,9 % de la población activa no está afiliada a ningún sistema de seguridad social. Estos ajustes han afectado la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación.

 

El 5 % de la población de entre 8 y 14 años no sabe leer ni escribir, y el 10 % de la de 15 años o más es analfabeta. Esta situación se vuelve dramática entre los indígenas: sólo el 66 % de su población mayor de 15 años es alfabeta, mientras que el índice nacional es del 90%. El 25 % de las viviendas carece de drenaje, 10 millones de personas no tienen acceso al agua potable, y el 5 % de las viviendas del país no tienen energía eléctrica.

 

El empobrecimiento lleva anualmente a cientos de miles de mexicanos –hombres, mujeres y niños– a emigrar a los Estados Unidos, con riesgo para su vida; y los que logran pasar las barreras, sufren discriminación, exclusión y represión para sostener con sus remesas, convertidas en la 2ª fuente de divisas del país, a sus familiares, mitigar la miseria rural, alimentar a la economía en su conjunto y reducir la presión social sobre el empleo rural y urbano.

 

El ajuste social ha recaído primordialmente sobre las espaldas de las mujeres. Ante el deterioro salarial y la caída del ingreso familiar, las mujeres han tenido que trabajar y uno de cada cinco hogares tiene como cabeza a una mujer, pero las políticas públicas siguen considerando al hombre como el principal proveedor de la familia. Según la cifra oficial, nueve millones de mujeres que sostienen a sus familias, son invisibles a la hora de tomar decisiones En los pueblos, barrios y colonias, las mujeres tienen que suplir con su trabajo el deterioro de las políticas sociales; y en el medio rural, muchas han quedado al frente de la parcela y el hogar por la emigración de los maridos, sin tener acceso, como ellos lo tenían, a los recursos productivos.

 

Así, las mujeres, al tiempo que han tenido que redoblar esfuerzos para obtener ingresos en un mercado laboral discriminatorio, se han convertido en el amortiguador de las políticas de ajuste al suplir con su trabajo y gestoría comunitaria las carencias, la falta de inversión y el recorte del gasto social de los últimos gobiernos, sin menoscabo de sus tareas en el hogar; acarrean el agua y la leña ahí donde no hay, ganan menos por los mismos trabajos que realizan los hombres, el 30 % de las que viven en pareja no tienen acceso a métodos anticonceptivos y el 16.8 % de los niños que nacen tienen una madre adolescente. Los procesos de descomposición y desintegración familiar hacen que ellas sean las principales víctimas de la violencia que se ejerce al interior del hogar.

 

El desempleo y el empobrecimiento de la población han sido factores determinantes de la informalización de la economía urbana, que en sus diferentes vertientes incluye a cerca del 50 % de la población económicamente activa –PEA–, y en particular de la multiplicación de la venta de bienes y la oferta de servicios personales en la vía pública durante las dos últimas décadas, que hoy es parte integral de la vida cotidiana de nuestras ciudades.

 

Las condiciones de ejercicio del ambulantaje son penosas: inestabilidad y estacionalidad del trabajo y el ingreso, ausencia de servicios básicos en las calles, desprotección de la seguridad social y otras prestaciones, condiciones infrahumanas de trabajo, extorsión y explotación por autoridades, intermediarios y proveedores. A pesar de estas situaciones, el ambulantaje ha resistido todos los intentos gubernamentales de erradicación, desalojo, reordenamiento y reubicación.

 

La pobreza y la exclusión alimentan con fuerza de trabajo a la delincuencia organizada o individual, que asfixia al país y sus ciudades: narcotráfico, narcomenudeo, contrabando de mercancías, armas y personas, pornografía y prostitución infantil, piratería de marcas, venta de mercancías robadas, etc. La venta callejera se asocia con estas actividades ilegales. La Informalidad y la delincuencia crean estructuras y subculturas marginales estratificadas, en cuya base se reproduce la desigualdad, la exclusión y la pobreza.

 

El fracaso del asistencialismo neoliberal

 

La estrategia neoliberal produjo una fuerte contracción de la función social del Estado: lo redujo a un carácter estrictamente subsidiario y limitó su intervención para corregir desequilibrios, como si la pobreza y la desigualdad no fueran inherentes al modelo económico. Se impulsaron políticas económicas que se convirtieron en auténticas fábricas de pobres y sólo se aplicaron paliativos para mal compensar este proceso. Los derechos sociales dejaron de serlo para convertirse en mercancías y se reemplazó la política social por un combate focalizado a la pobreza, que no es otra cosa que el otorgamiento de transferencias monetarias condicionadas a sectores específicos de la población. La lógica fue otorgar migajas para evitar brotes de descontento social, administrar a los pobres en lugar de poner en práctica una verdadera estrategia de desarrollo y bienestar generalizados.

 

Ante el costo social del “ajuste estructural” neoliberal –desempleo masivo, drástica reducción del salario real, privatización parcial o total de servicios públicos, abandono de la responsabilidad social del Estado y reducción de su gasto social–, los tres últimos gobiernos federales, y muchos locales de diferentes signos políticos, optaron por aplicar una política asistencialista, compensatoria parcial de los peores efectos empobrecedores del patrón globalizado de acumulación de capital, recomendada y apoyada por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales.

 

Pronasol, Progresa y Oportunidades, nombres dados por los sucesivos gobiernos federales a estos programas dirigidos sobre todo a los pobres del campo, así como otros de corte local –los apoyos monetarios a adultos mayores, discapacitados, hijos de madres solteras, algunos desempleados y jóvenes en situación de riesgo en el Distrito Federal desde el 2001–, han tenido como características generales su focalización hacia sectores específicos –campesinos pobres, sectores sociales específicos–, su magnitud y calidad insuficiente con respecto a las necesidades de los pobres, su definición discrecional en términos de permanencia, montos, sectores y lugares beneficiados por parte del gobierno que los otorga, y el control político y electoral clientelar y corporativo que ejercen sobre los beneficiarios.

 

El más importante apoyo social otorgado en el DF ha sido la llamada pensión ciudadana para los adultos mayores, que en 2003 incluyó a 325.000 personas de más de 70 años de edad. Nadie duda que los adultos mayores de escasos recursos merecen el apoyo y protección de la sociedad, sus familias y las instituciones del Estado; los problemas están en la forma de hacerlo, y en quienes deben recibir la ayuda en la situación actual del país y la capital.

 

El programa es insuficiente en su duración y el monto económico. La edad fijada para el paso a la tercera edad son los 60 años,; si el apoyo se otorga a los 70 años, el adulto mayor carece de él durante 10 años, y si la esperanza de vida en el DF alcanza los 77.2 años, solo lo recibirían un máximo de 7 años. El monto del apoyo establecido por la Ley es “no menor a la mitad del salario mínimo vigente para el DF”, lo que lo hace insuficiente para atender las necesidades alimenticias básicas de un adulto mayor que, requiere en muchos casos atención alimenticia especial. Algunos dirán que “algo es algo, peor es nada”, lo que no es justificación en una política de Estado.

 

La pobreza moderada o extrema afecta, según Julio Boltvinik, al 64,9 % de la población del DF; al otorgar la ayuda a todos los adultos mayores, un 35,1 % de los receptores no tiene necesidad de ella, ni es significativa pues son parte de los no pobres, incluyendo los estratos más adinerados, lo que pone en duda la consigna de “primero los pobres”. Las estadísticas del GDF confirman este hecho: en 2003: en las unidades territoriales de baja y muy baja marginación se ubicó el 38,16 % de los adultos mayores receptores de apoyos; en UT de marginación media, el 29,04 %; y en las de alta y muy alta marginación, el 32,80 %, proporción menor a los ubicados en las UT de residencia de los pobres.

 

El rasgo fundamental de estas políticas es que se dirigen hacia las manifestaciones o efectos más evidentes de la pobreza, que mitigan quizás coyunturalmente, pero no hacia la resolución de sus causas estructurales, y en particular, de aquellas relacionadas con la producción y el crecimiento económico, el empleo adecuado y el ingreso suficiente, la distribución social de la riqueza, el acceso universal a los servicios esenciales, la superación de la discriminación, la desigualdad y la exclusión, y el respeto a los derechos humanos.

 

Esas políticas no han funcionado. Millones de mexicanos viven en la pobreza y son víctimas de la exclusión económica, política y social. La inseguridad social sigue siendo el signo de nuestros tiempos. Con razón nos indigna la violencia generada por el crimen organizado y la delincuencia, pero son más los mexicanos que se debaten entre la vida y la muerte por haberse destruido la base social del Estado, porque se les condena a vivir de manera indigna o a abandonar nuestro país. La pobreza mata y causa sufrimiento. Tiene un costo económico para la sociedad, y afecta el comportamiento social, pues la frustración que la acompaña es caldo de cultivo para la desintegración familiar y social, la violencia doméstica y las adicciones. El resultado de estas políticas asistenciales, en el ámbito nacional y de las localidades donde se han aplicado, ha sido la incapacidad para compensar los efectos empobrecedores inmediatos del neoliberalismo y para revertir sus causas estructurales, como lo muestran las estadísticas de la pobreza y, sobre todo, los hechos no cuantificables pero innegables que arroja la realidad.

 

Por eso no basta con la aplicación de políticas asistencialistas, que al ser condicionadas, se convierten en burocráticas y su administración resulta costosa para el erario público. Es necesario poner en marcha una política pública que integre en un todo las políticas económica y social hasta ahora divorciadas. La superación de la pobreza no puede seguir viéndose como algo desvinculado de la economía, como mal que se corrige parcialmente a través de mecanismos de compensación social, sino como intrínseca al funcionamiento económico, como resultado natural de una estrategia integradora, incluyente, sustentable y regional.

 

Sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza

 

Nos urge construir condiciones que satisfagan las necesidades básicas de todos los mexicanos. Para cumplir este imperativo se requieren tres precisos integrados: a) edificar un Estado cuyos tres poderes asuman su responsabilidad social; b) respetar los derechos sociales, legislar para garantizar su cobertura universal, ampliarlos para que respondan a las demandas sociales actuales, y crear las instituciones necesarias y adecuadas para que se cumplan; y c) destinar el presupuesto necesario para lograr estos objetivos, a través de una reforma fiscal y del gasto público equitativa, y el combate a la corrupción en la administración pública. Para lograrlo se requiere que el Estado y la sociedad emprendan, en corresponsabilidad, un conjunto integral de políticas y acciones en diversos campos de la vida económica y social, empezando por aquellas que transformen, fortalezcan y consoliden las instituciones sociales dirigidas a enfrentar los graves problemas de la pobreza, dejando a un lado las políticas focalizadoras y meramente asistencialistas.

 

Ciertamente las garantías individuales y los derechos sociales están protegidos en la Constitución Política, pero no existe un mecanismo que le permita a la ciudadanía exigir su cumplimiento. Es preciso crearlo. Para ello, habría que transformar la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un organismo que pudiera también vigilar y garantizar su cumplimiento.

 

• Estado socialmente responsable

 

Desde la perspectiva de un gobierno democrático y de izquierda, la mejor manera de erradicar la pobreza y promover la equidad es alentando un desarrollo económico alternativo que incluya una mejor distribución del ingreso, empleo estable, formal y de calidad dotado de seguridad social, y un sistema tributario solidario, equitativo y adecuado a las necesidades del país. Proporcionar a todos un ingreso justo, una dieta nutritiva, una vivienda adecuada, agua potable, atención médica básica y educación es un proyecto viable y deseable. Para eso se requiere un Estado socialmente responsable capaz de garantizar una seguridad social productiva y bienestar a todos los mexicanos; y la voluntad política y la convicción de los gobernantes para poner en marcha un proyecto colectivo, que considere al Estado como el instrumento necesario para redistribuir el ingreso y la riqueza, que conciban a la política social como la otra pierna sobre la que debe caminarse para construir una sociedad productiva, igualitaria y justa.

 

No se trata de abandonar los objetivos de crecimiento económico y saneamiento de las finanzas. Por el contrario, este último es requisito para un desarrollo con equidad. Una política de gasto público con prioridades productivas y sociales exige una verdadera reforma fiscal que garantice el aumento de los ingresos. Pero en lugar de basarla en impuestos al consumo en un país en el que parte importante de los recursos familiares se dedican a la alimentación y la salud, tendría que partir de acentuar el carácter progresivo del impuesto sobre la renta, ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión fiscal y simplificar los trámites.

 

Un sistema tributario equitativo y solidario permitirá aumentar sustantivamente los recursos para el gasto social, invertir en infraestructura básica y promover programas productivos que permitan generar empleos sobre todo en las zonas rurales y de mayor impacto de la pobreza. Se trata de generar un modelo productivo, con seguridad social y redes de protección comunitarias, en las que todos se sientan incluidos por que tienen acceso al ejercicio irrestricto de todos sus derechos.

 

• Derechos sociales para todos

 

La aspiración de una República de iguales sigue siendo legítima. En el México de hoy este ideal está lejos de alcanzarse. La exclusión sigue siendo el signo de nuestros tiempos. La discriminación de quienes son diferentes por su género, edad, color de piel o preferencia sexual constituye una realidad cotidiana. Esas disparidades sociales son resultado del acceso desigual a los recursos, de la exclusión de las mayorías de la toma de decisiones, y de la puesta en marcha solamente de políticas asistencialistas y focalizadas. Los apoyos gubernamentales son vistos como prebendas y se prestan al control y manejo corporativo porque existe una selección y se tiene que comprobar que se cumplen determinados requisitos para acceder a ellos. Una estrategia de desarrollo social significa poner en práctica un enfoque diferente y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales y sobre todo la vigencia de su carácter universal. Todos los mexicanos, sin excepción tienen derecho a que el Estado garantice su bienestar.

 

Los derechos sociales deben ser universales, accesibles y disponibles para toda la población por canales que no involucren estigma, vergüenza o sentimiento de inferioridad. Para eso hay que poner en el centro de la acción pública el combate contra la desigualdad y la exclusión económica y social, porque nadie que padezca hambre, viva en la miseria o sufra cualquier tipo de exclusión puede ejercer plenamente una ciudadanía emancipada. Cualquiera que se encuentre en esa situación será visto como desvalido y como botín del clientelismo político para su explotación. Por eso, es necesario poner en marcha un Programa Nacional de Inclusión Social que implique que todos, sin excepción alguna, tengan acceso al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, la energía, el agua, la educación, la salud, la cultura y el transporte.

 

El derecho a una vida digna será siempre la prioridad de un Estado con responsabilidad social. Para ello, habrá que lanzarse a la creación de un frente unificado para combatir las causas de la pobreza, organizadamente y más allá de siglas partidarias e intereses particulares. Esa causa, común y justa, debe unir a todos y para alcanzar ese objetivo es necesario movilizar al país y dar voz y poder de decisión a los beneficiarios de esas políticas. Esta tarea supone transformar el orden moral y ético de la sociedad y su gobierno y convertir a la justicia y la igualdad en los valores supremos de la acción pública y de la vida misma. Ese será el principal reto.

 

Derecho al trabajo con salario digno

 

Una política que combata realmente la desigualdad y la pobreza debe, por principio, fomentar un crecimiento económico sostenido que tienda a garantizar a todos los mexicanos empleos o actividades económicas estables y salarios e ingresos suficientes para satisfacer las necesidades esenciales y permitirles una vida digna.

 

A partir de diciembre de 1982 y con mayor intensidad en los últimos años, la política estatal se ha caracterizado por la destrucción masiva de empleos, aunque formalmente los gobiernos prometen la creación de muchos nuevos puestos de trabajo. Así no se respeta el derecho constitucional al trabajo. Para enfrentar esta problemática debemos diseñar una política de Estado que asegure la creación de empleos productivos, tanto en el sector privado como en el público.

 

Luego de 30 años de reducción continua y acumulativa de los salarios reales, debemos recuperar paulatinamente la participación de los trabajadores en la riqueza generada mediante incrementos al salario real por arriba de la inflación y de los aumentos de la productividad del trabajo. Es una falacia asegurar que la recuperación de los salarios es una amenaza inflacionaria; en una economía sana, en expansión, es un factor que dinamiza el mercado interno y estimula la productividad, además de ser un elemento básico de justicia social.

 

Debemos cambiar la orientación de los programas asistenciales de “combate a la pobreza” para la población en condiciones de marginación social e indigencia. Tales programas deben ser complemento temporal de las políticas económicas antes mencionadas, y elemento compensador de las desventajas económicas y sociales, mientras los cambios estructurales aseguran transformaciones equitativas definitivas. La asistencia social debe dejar de ser objeto de manipulación política y de humillación para quienes la necesitan, y pasar a ser un derecho de quienes la reciben y, por lo tanto, una obligación del Estado prestarla con calidad y oportunidad.

 

Derecho a la educación pública laica y gratuita

 

La educación pública en México enfrenta como problema fundamental la incompatibilidad entre los principios constitucionales originarios y la realidad, donde la política neoliberal la asfixia. La Constitución la consideraba como derecho social y factor crucial del desarrollo nacional, y la definía como obligatoria, gratuita, incluyente, laica y pilar en la construcción de la identidad nacional. La práctica neoliberal, cuya expresión más clara es económica, le reduce el presupuesto y le niega financiamiento. La educación pública en todos los niveles acusa el abandono estatal, y la oferta educativa es insuficiente para cubrir la demanda. Estos factores han deteriorado notoriamente la calidad de toda la educación pública. Las deficiencias en la educación, que comienzan desde la primaria, explican el rechazo de los estudiantes en las escuelas de educación media y superior.

 

Es obligación del Estado garantizar a todos los mexicanos el derecho social a la educación en todos los niveles, y que toda la educación, incluida la tecnológica, tenga un carácter formativo y humanista que genere espíritus críticos para coadyuvar al desarrollo nacional independiente. Para cumplir tales objetivos, el Estado debe destinar recursos suficientes a la educación pública. Asimismo tiene que reivindicar su carácter laico, pluricultural, democrático y gratuito en todos los niveles; y enfatizar su carácter universal, incluyente, científico, crítico, humanista, social.

 

Derecho a la salud y a la seguridad social

 

El acceso a la salud y a la seguridad social forma parte de los derechos constitucionales que configuran la plena satisfacción de las necesidades humanas. Empero, el principal problema de la seguridad social, como vía para universalizar la protección integral a la sociedad, es que no se ha extendido a toda la población, lo cual se ha agravado con la reducción del ritmo de incorporación de derechohabientes, la caída de los aportes derivada de la continua contracción del salario real, y de la privatización de la atención a la salud.

 

Ante la gravedad del rezago social y sus implicaciones de inestabilidad política, el Estado se ha visto obligado a poner en marcha programas asistenciales de salud, nutrición, vivienda, y apoyos a la familia, para la población pobre no asegurada. En los hechos, y apoyándose en las contrarreformas realizadas, los gobiernos neoliberales están culminando el abandono del proyecto constitucional normativo de bienestar social, sustituyéndolo con programas asistenciales.

 

Estos programas, en todo caso, debieran tener un carácter temporal, que sin desconocer las responsabilidades sociales del Estado, no consideren la situación de marginación de grupos sociales determinados como permanente y sin remedio, sino como situaciones que pueden y deben ser modificadas y corregidas con otros programas gubernamentales, aplicados en paralelo, como pueden ser programas de generación de empleo, proyectos productivos de carácter comunitario, etcétera.

 

Por ello nos urge revisar las leyes de seguridad social del IMSS y del ISSSTE para recuperar su carácter público, solidario, redistributivo e integral, y frenar y revertir el desmantelamiento a que están sometiendo a estas instituciones los gobiernos neoliberales. También debemos revertir la grave tendencia menguante de los ingresos de ambas instituciones, debida al creciente desempleo y a la reducción de los salarios. Requerimos de una política que comprometa al gobierno y a los patrones, para que de común acuerdo recapitalicen a ambas instituciones.

 

Para avanzar en esta dinámica debemos impulsar un proyecto de Ley de Seguridad Social. También urge construir un servicio único de salud; revisar el sistema de pensiones para que éstas recuperen su capacidad adquisitiva y ampliar el número de beneficiarios.

 

Derecho a la ciudad y a la vivienda digna

 

En la actualidad, hay todavía millones de mexicanos que viven en asentamientos precarios segregados que no cuentan con los servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos del transporte para acceder al trabajo, la educación y el abasto son crecientes. Casi 10 millones de personas carecen todavía del servicio de agua potable en la vivienda, 22 millones no disponen de un sistema adecuado de eliminación de aguas negras en su vivienda (drenaje o fosa séptica), 14 millones viven todavía en espacios donde el piso es de tierra y casi 22 millones de personas viven en una vivienda de un solo cuarto. Estas carencias no son homogéneas; se acentúan en las periferias de las grandes ciudades, así como en las de menor tamaño y en los medios rurales.

 

Ni el Estado ni la empresa privada han podido satisfacer la demanda de vivienda y servicios públicos; los fondos “solidarios” de vivienda como el Infonavit y el Fovissste han sido usados inadecuadamente o saqueados por la corrupción. La vivienda que el sector privado produce es cada vez más inaccesible para los sectores populares y medios. Los requisitos para obtener crédito público y privado son excesivos y excluyentes, en consecuencia, pocas familias obtienen este financiamiento.

 

Frente a estas carencias, tiene que reafirmarse que el disfrute de una vivienda adecuada es una necesidad básica, que no se limita al espacio que ocupa cada familia, es un derecho social con el cual está comprometido el Estado mexicano al suscribir y ratificar varios tratados y convenios internacionales. Para ser efectivo, el derecho a la ciudad y a la vivienda requiere del compromiso del gobierno y de la participación solidaria del conjunto de la sociedad.

 

El derecho a la ciudad y a la vivienda involucra aspectos fundamentales del hábitat como son la seguridad jurídica, la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos, la habitabilidad, la adecuación de los precios de la vivienda con la realidad económica de la población, la cercanía con los empleos y los equipamientos de salud, educación, cultura y administración pública. Es responsabilidad del Estado fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, promover el acceso equitativo a la ciudad y la producción de vivienda de interés social y sistemas accesibles de financiamiento a largo plazo, así como apoyar formas asociativas de producción social de la ciudad y la vivienda.

 

Derecho a la alimentación

 

El derecho a la alimentación ha sido violentado total y arbitrariamente con las políticas que han reducido los salarios y desmantelado los programas e instituciones que otorgaban bienestar a la población. Al no existir una alimentación adecuada se coarta el desarrollo armónico de las potencialidades biológicas y síquicas del ser humano, se incrementa la incidencia de la enfermedad y la mortalidad, y se ataca la base fundamental del desarrollo de las fuerzas productivas.

 

Con más de dos tercios de la población ubicada en algún rubro de pobreza, es indispensable aplicar un Programa Nacional de Nutrición que garantice la alimentación de todos los mexicanos, especialmente de los lactantes, niños, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Un programa de esta naturaleza debe estar articulado con una política de desarrollo rural que recupere la autosuficiencia alimentaria del país.

 

Para enfrentar el problema de la nutrición necesitamos un nuevo marco institucional, legislativo y presupuestal, vinculado al abasto y a la alimentación. Asimismo requerimos una política que impulse la organización de productores y consumidores y permita a las organizaciones sociales gestionar y regular el abasto y la alimentación en cada zona del país.

 

Derecho a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

 

En lo fundamental, las políticas sociales destinadas a las personas con discapacidad tienen un enfoque asistencialista, pues no ven a sus beneficiarios como sujetos de derecho. El Estado mexicano no cuenta con una política integral de promoción de los derechos y oportunidades para las personas con necesidades y capacidades especiales. La atención de las necesidades de estas personas recae fundamentalmente en las familias, las que en su mayoría tienen un ingreso más precario cada día, y la presencia de algún miembro con discapacidad agrava la pobreza y crea fricciones en su seno.

 

La discapacidad en nuestro medio tiende a agravarse. Además de carecer de una política efectiva de atención y rehabilitación, al sistema de salud le falta una política de prevención que detenga y revierta el incremento de la población con discapacidad. La inequidad hacia estas personas también acusa la ausencia de los recursos necesarios para que las políticas públicas de salud, educación y ordenamiento territorial incorporen la problemática integral de la discapacidad y aseguren el respeto, cuidado e inclusión social de estos mexicanos.

 

Para integrar a la vida económica y social a las personas con discapacidad es necesario impulsar proyectos económicos que les provean de empleo; promover que la legislación laboral establezca como obligación de las empresas reservar para ellas un porcentaje de los puestos de trabajo; fortalecer y democratizar las instituciones públicas de servicios sociales dirigidos a estos sectores; adecuar la infraestructura urbana y los servicios públicos a las necesidades y condiciones de vida de las personas con discapacidad; y construir una nueva ética social hacia la discapacidad.

 

Derechos y oportunidades para los adultos mayores

 

La mayoría de los adultos mayores enfrenta la inseguridad económica y graves carencias por la falta de políticas públicas adecuadas. Tal carencia les impide disfrutar de esta etapa de su vida. Dos tercios de esta población carecen de una pensión, y quienes la reciben no garantizan con ella una vida digna debido a su reducido monto y a los procesos inflacionarios. A esto se añade el deterioro del nivel de vida familiar y los cambios en los patrones tradicionales de cuidado, atención y respeto a los adultos mayores.

 

Es necesario fomentar una cultura social en materia de gerontología en todas las instituciones; introducir, validar y expandir los servicios de atención geriátrica en el sistema nacional de salud; el sistema educativo debe otorgar oportunidades de capacitación a los adultos mayores; la legislación laboral tiene que establecer nuevas modalidades de jubilación y eliminar las formas de discriminación laboral por razones de edad. El eje de una política democrática hacia los adultos mayores debe partir del reconocimiento de que son sujetos de derecho, y que constituyen una de las más importantes reservas morales y productivas de la sociedad mexicana.

 

Como acto de solidaridad social y de dignificación de los adultos mayores, debemos recurrir a las finanzas públicas, especialmente a través de una reforma fiscal, para operar un programa que tienda a establecer una pensión universal para ellos, a partir de cierta edad que en su momento se establezca. Pero lo que de inmediato debemos impulsar es que estos sectores reciban atención preferente en programas institucionales de vivienda, salud y educación.

 

Derecho a la diversidad

 

Para impulsar un verdadero cambio en nuestro país no basta con luchar contra la exclusión económica y social. Un gobierno democrático y progresista no puede eludir su compromiso con la diversidad social y cultural. Tiene que buscar una transformación cultural que combata las diferentes formas de intolerancia y discriminación que están arraigadas en lo más profundo de la sociedad y que se han transmitido de una generación a otra. Hoy muchos mexicanos no tienen acceso a sus derechos porque son diferentes por su género, por el color de su piel, por su edad, por su lengua, por sus capacidades diferentes o por su preferencia sexual. Esta situación de discriminación e intolerancia es inaceptable para quienes queremos un país de iguales, de convivencia y progreso. Por ello, es indispensable impulsar la reforma de la legislación y de las instituciones judiciales para combatir el racismo, la discriminación y toda forma de intolerancia, estableciendo y haciendo efectivas las sanciones a los responsables de esas conductas.

 

Mientras persistan las prácticas discriminatorias y los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las personas con capacidades diferentes y la comunidad gay no puedan ejercer plenamente sus derechos, por la sencilla razón de que son diferentes, no podrá hablarse de equidad y democracia. Por lo demás, la realidad demuestra que la igualdad jurídica no es suficiente. Una perspectiva diferente parte de asumir que para alcanzar la equidad es necesario impulsar acciones afirmativas que compensen las desigualdades y, por otro lado, dar poder a quienes han sido excluidos de la toma de decisiones. En esto hay que ser muy claros: un gobierno que no esté comprometido plenamente con el respeto a la diferencia simplemente no es democrático y menos aun progresista. Una izquierda moderna es aquella que promueve el reconocimiento a la diversidad y sabe que en ella radica buena parte de la riqueza cultural y social del país.

 

Un gobierno que asume la tolerancia como valor fundamental no busca excluir a los diferentes, sean estos indígenas, mujeres, jóvenes o gays. Por el contrario, con la práctica de la tolerancia se lucha por la inclusión y la equidad. Con tolerancia se busca que todos tengan posibilidades de libre expresión y de sano desarrollo, en condiciones equitativas, eliminando los resabios de represión, marginación y sometimiento heredados del viejo autoritarismo que, por definición, era intolerante. Hay que aprender de las nuevas generaciones: los indígenas nos han enseñado a dar importancia y valor a la autonomía como nueva forma de participación y decisión; las mujeres han demostrado que no hay acto de afirmación más importante que su participación activa en los más altos niveles de decisión a los que han llegado, por cierto, contra viento y marea; y cuando los jóvenes denuncian actos de discriminación, las razzias, el cierre de sus espacios de expresión y diversión y la intolerancia de sectores que no conciben la diversidad, nos están indicando que sólo hay un camino y que ese es el de la promoción de una cultura de la tolerancia. En la práctica, todos estos actores están defendiendo a nuestro país como un gran mosaico pluricultural, multirreligioso y diverso, están exigiendo formar parte del proyecto nacional.

 

Por ello, tendría que reconocerse el derecho al control y uso sustentable de los recursos naturales de los pueblos originarios. Los indígenas no deben verse más como meros objetos de asistencia social para convertirse en sujetos de derecho como ha sido su aspiración legítima. Las mujeres deben tener acceso irrestricto a los espacios de participación política y los jóvenes prioridad en las políticas educativas, de empleo y culturales, pero sobre todo al derecho a ejercer sin traba alguna sus libertades en un marco de confianza y de respeto a su diversidad. Todas las creencias deben recibir el mismo trato y el mismo reconocimiento, porque un clima de libertad está indisolublemente asociado a un Estado laico que lo será no por su jacobinismo religioso sino justamente por lo contrario: por el reconocimiento al derecho que tienen todos de practicar el culto de su preferencia.

 

No puede existir libertad si no nos convertimos en sujetos responsables de nuestro destino y del de los demás. Por eso es importante subrayar el valor de la justicia. Sólo luchando por un orden justo puede lograrse el cambio profundo que buscamos todos. Y un orden justo no se impone por la fuerza, con la confrontación o con el argumento de la verdad única. Un orden justo se logra con la participación democrática en todos y cada uno de los ámbitos, con la permanente democratización de todos los espacios como la mejor guía de acción para promover la tolerancia, las libertades, los derechos todos, en especial el derecho a decidir. Sólo así se estará hablando de una auténtica democracia.

 

• Un enfoque de género

 

Un gobierno de esta época, con responsabilidad social, deberá estar plenamente comprometido con un enfoque de género, pues las mujeres han padecido las consecuencias de la restricción en materia social, son las más pobres entre las pobres, sobre todo si son indígenas. Una primera tarea será eliminar, en la cultura social y en la convivencia cotidiana, el sesgo del proveedor masculino que considera dependientes a las mujeres y no reconoce su aportación a las labores productivas y económicas. El acceso a la educación, a la seguridad social y el reconocimiento a la labor de la mujer en el hogar serán premisas de una gestión de gobierno responsable.

 

Para avanzar en esa perspectiva de equidad, es necesario cambiar la actual división sexual del trabajo que ha remitido todo lo relativo a la vida cotidiana, la sexualidad, la maternidad y la crianza infantil al ámbito de lo privado. Es indispensable modificar este patrón cultural a partir de políticas de equidad y del reflejo de valores asociadas a la misma en la educación y los medios de comunicación. Con ello podrá recuperarse el equilibrio perdido e incorporar a las mujeres en condiciones de igualdad al desarrollo y a la toma de decisiones. En la misma perspectiva, habrá de reforzarse el compromiso de defender sus derechos reproductivos e impulsar una política que garantice el derecho constitucional de la mujer y su pareja a decidir informada y libremente el número y espaciamiento de sus hijos, que provea los medios para hacer efectiva esa decisión, que asegure información oportuna y confiable sobre los diversos métodos de planificación familiar, y que impulse permanente y sistemáticamente campañas de educación sexual en la juventud para prevenir los embarazos no deseados.

 

Ningún enfoque social sería completo si persiste la violencia hacia las mujeres. Este hecho es tan grave y extendido que requiere de toda la atención de la sociedad. En primer lugar, la inseguridad en las calles perjudica en gran medida a las mujeres, pues diversos estudios indican que tienen una percepción muy alta de inseguridad ante situaciones que consideran amenazantes. En segundo lugar, la violencia sexual e intrafamiliar afecta también principalmente a las mujeres y a los hijos. La mayoría de los delitos sexuales denunciados se cometen contra mujeres y la mitad de las víctimas son menores de edad agredidas por un familiar o conocido. Por ello, es fundamental combatir la violencia hacia la mujer en todos sus aspectos, pues atenta contra sus derechos, su integridad y dignidad. Las mujeres no pueden contribuir de lleno con su iniciativa o su creatividad si están agobiadas por heridas físicas o psicológicas. Modificar esta situación sólo será posible con la participación de las mujeres en todos los ámbitos de decisión, por lo que deben impulsarse acciones afirmativas que hagan visible su presencia y su talento, empezando con su incorporación en la tarea pública en una proporción del 50%, correspondiente a su participación en la sociedad.

 

• La acción inmediata

 

Al mismo tiempo que se aplica una estrategia de desarrollo social que modifique de raíz las condiciones en las que viven millones de mexicanos, es necesario impulsar la realización de acciones inmediatas que se propongan metas a corto y mediano plazos, que atiendan los compromisos contraídos por nuestro país en la Cumbre del Milenio, y sobre todo, que en particular puedan ser evaluadas al final del próximo sexenio:

 

• Una política de hambre-cero a partir de fortalecer el poder adquisitivo de algunos sectores sociales, elevar los niveles de producción agropecuaria, garantizar precios accesibles de los artículos de primera necesidad y proteger a los niños, madres y adultos mayores con programas especiales.

 

• Establecer una meta objetiva de reducción de la pobreza mediante el combate a las causas que la ocasionan en el lapso del próximo sexenio.

 

• Reducir significativamente el porcentaje de habitantes que no tengan acceso a agua potable a partir de una mayor inversión en infraestructura y obra pública hidráulica.

 

• Eliminar el analfabetismo de manera especial en las mujeres, los adultos mayores y la población indígena.

 

• Garantizar una matrícula del cien por ciento en primaria y secundaria, y eliminar la deserción por causas que pueden ser evitadas.

 

• Establecer el sistema de primaria de día completo para una educación integral y de la más alta calidad para los niños, una mayor profesionalización de los docentes y el apoyo a las madres trabajadoras.

 

• Aumentar los recursos destinados a la educación media superior y superior, a la investigación científica y a las becas para jóvenes de escasos recursos.

 

• Prevenir y reducir la tasa de mortalidad materna, sobre todo por causas prevenibles como el cáncer cérvico-uterino y mamario, y llevar hasta los lugares más recónditos los medios para las tareas de prevención y detección.

 

• Reducir la mortalidad en los niños menores de cinco años, particularmente en las zonas rurales, garantizando el acceso a los servicios básicos de salud.

 

• Combatir la propagación del SIDA y garantizar el acceso a los medicamentos a quienes padecen esta enfermedad.

 

• Apoyar con políticas públicas a las madres trabajadoras mediante la instalación de centros de desarrollo infantil, centros de tarea, la puesta en marcha de programas como el de madres educadoras y haciendo compatibles los horarios escolares con los laborales.

 

• Eliminar todo tipo de discriminación en el trabajo, asegurando el salario igual a hombres y mujeres por una labor equivalente, declarando ilegal el examen de ingravidez como requisito para otorgar empleo y el despido de mujeres por estar embarazadas.

 

• Garantizar el acceso a servicios seguros y gratuitos de atención médica reproductiva, proporcionando información y el acceso irrestricto a los métodos de planificación familiar y de prevención del embarazo adolescente.

 

• Propiciar una cruzada nacional que consolide el acceso y la propiedad de las mujeres a los recursos productivos, particularmente la tierra.

 

• Promover la legislación que reconozca plenamente los derechos y las culturas de los pueblos indígenas.

 

• Garantizar el derecho a la alimentación y a la salud de todos los adultos mayores de 65 años.