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PALABRAS DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL PDF Imprimir Correo electrónico
Domingo 14 de Octubre de 2018 09:35

Cuauhtémoc Cárdenas

Palabras de Cuauhtémoc Cárdenas en el 1er Congreso Internacional de Derecho Penal
Emitidas durante la inauguración del Primer Congreso Internacional de Derecho Penal el 8 de octubre de 2018

Deseo, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este 1er Congreso Internacional de Derecho Penal, la invitación para participar en este importante encuentro.

Empezaré diciendo que no sé por qué mi muy estimado amigo Eduardo López Betancourt planteó mi participación en esta convención de abogados, cuando me encuentro muy lejos de la profesión y más de la especialidad que reúne a los aquí presentes.

La corrupción, como bien sabemos, no es un tema fácil de abordar. En las actuales circunstancias de nuestro país, y si se mira unas cuantas décadas para atrás, podría pensarse que la corrupción, que se encuentra en grande o en pequeño en muchos aspectos de la vida cotidiana, es la que determina el modelo de desarrollo que se ha venido y se está instrumentando y la que condiciona las políticas que se ejecutan en la práctica.

Yo estimo que las cosas se dan justamente en sentido contrario. Considero que el modelo de desarrollo es el que genera la corrupción y muchos otros males y problemas.

¿Qué modelo de desarrollo se aplica o, mejor dicho, se ha impuesto a México? Desde hace casi cuarenta años, al inicio de los años ochentas del siglo pasado, se nos ha impuesto un modelo de absoluta antidemocracia, caracterizado por la subordinación política y económica y el abandono de una política exterior independiente; por la exclusión social y la concentración desmedida de la riqueza en un sector reducido de la población; por el desmantelamiento de los sectores productivos de mayor impacto social y económico y el abandono de las políticas de industrialización y desenvolvimiento regional; por la agresividad al ambiente y el despojo de comunidades por la minería extractiva; y, desde luego, por corrupción, impunidad, inseguridad y delincuencia.

¿Cuáles son los principales resultados de este modelo? Desigualdad social –un índice de Gini de 0.67-; situación de pobreza para más de la mitad de la población nacional; desocupación de alrededor del 50% de la población económicamente activa e incremento de la informalidad; crecimiento exiguo de la economía –un largo periodo de más de tres décadas con crecimientos en el orden del 2% del PIB, con las caídas de 1994-95 y 2008-2009 de decrecimiento económico -; acuerdos comerciales como el recientemente suscrito USMCA, que esperemos no ratifique el Senado, que en los hechos impide los acuerdos comerciales con China y eventualmente también con otras naciones, impide la elaboración de fármacos biotecnológicos preparados a partir de células vivas –proteínas y azúcares- y, lo más grave, cancela a México la posibilidad de modificar en el futuro inmediato las regulaciones que rigen las industrias de las telecomunicaciones, el transporte, la infraestructura y el los hidrocarburos, esto es, una clara cesión de soberanía, la entrega a grandes consorcios internacionales del futuro petrolero, inmediato y mediato.

Y poco o nada puede decirse de mejoría de la calidad y mayor cobertura, sobre todo en los ciclos superiores, de le educación; deficiencias en los servicios de seguridad social; creación de empleo formal; elevación real del salario y del ingreso familiar; democracia participativa; nuevos proyectos industriales o de desarrollo regional; logros en abatimiento de la inseguridad y la delincuencia y en la erradicación de la corrupción y la impunidad.

Ahora bien, no son estos incumplimientos, omisiones, desviaciones, fallas, delitos, lo que determina el modelo de desarrollo, sino las consecuencias del mismo.

Una nación que no es dueña de sus destinos, como hoy sucede a la nuestra, carece de capacidad para poner en práctica medidas de mejoramiento social, de crecimiento económico, de convivencia social equitativa y fructífera. Cambiar esa situación afectarían los intereses de la dependencia, tanto externos como a sus complicidades internas. Esos intereses han puesto un freno a una acción institucional que juegue a favor de los intereses del país y de las mayorías de la población.

¿Quiénes se benefician con la dependencia política y económica y la exclusión social? Los productores de fuera a los que se han cedido los mercados nacionales, de los que se ha desplazado a los productores nacionales; los consorcios transnacionales y sus socios locales que manejan las áreas más productivas de la economía –las maquilas automotriz y aeronáutica, la agricultura de exportación, el gran turismo, el petróleo privatizado, la minería en gran escala-; la banca comercial que más que nada especula, la más importante en manos extranjeras; la delincuencia que abastece, entre otros, el mercado norteamericano de las drogas, el más importante a nivel mundial.

¿Y dónde está o dónde aparece la corrupción en todo esto?

Los más altos funcionarios electos de la administración pública, al igual que muchos designados, al asumir sus cargos, han protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y mirar en todo por el bien de la nación. ¿Por qué la acción pública no cumple, en términos generales con estos compromisos? En muchos casos, porque hacerlo no permitiría que muchos de esos funcionarios lucraran por instrumentar políticas y medidas que no es ni al país ni a las mayoría a quienes benefician, y si, a unos pocos y/o a los propios funcionarios que toman las decisiones. Esta, sin duda, es una de las formas más graves de corrupción, que en términos generales no tiene sanciones, más allá de la descalificación que hace de ello la opinión pública.

En tiempos recientes y en este momento, los casos más visibles y sensibles de corrupción o de eventual corrupción –eventual mientras lo ratifica o rectifica la justicia-, aquellos que más hieren e irritan al ciudadano honrado, son el fobaproa, el pemexgate, Oceanografía, Odebrecht, OHL, Higa, los señalamientos de apropiación o desvío ilegales de recursos públicos de varios exgobernadores y otros funcionarios, los juicios perdidos por la autoridad debido a fallas en la instrumentación de las denuncias, no porque no se hubieran cometido delitos así correctamente calificados, el involucramiento de dizque servidores públicos en el huachicol, el tráfico de estupefacientes, los moches, etc. En todos estos casos se espera, en un futuro muy cercano, la acción recta de la justicia.

Para erradicar la corrupción de la vida nacional, privada y pública, se ha comprobado que no bastan nuevas leyes y organismos de transparencia, ni hacer más duras las penas, la creación de nuevos cuerpos policiales o el cambio de responsabilidades de una dependencia a otra, ni cosas por el estilo, pues en ninguna ley se autoriza el peculado, el robo, la colusión con la delincuencia, el que no se sancione debidamente el delito.

Para corregir estas situaciones, se tiene que empezar por dar vigencia plena al Estado de derecho, que todo mundo cumpla la ley, que a quienes corresponda la cumplan y la hagan cumplir, que no haya tolerancia y menos se proteja a los corruptos con impunidad que indebidamente brinde la autoridad, cayendo en la complicidad y en el delito. Se requiere rectitud en la conducta.

Además de rectitud, se requiere patriotismo. El primer gran cambio debe ser el de dar los pasos necesarios para romper los lazos de dependencia que impiden tengamos un país mejor. Habrá reacciones y presiones. Son numerosas las conjunciones de rectitud y patriotismo que registra nuestra historia: la Independencia y la guerra patria contra la intervención francesa; al gravar los gobiernos de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza con nuevos impuestos a la explotación petrolera; al hacer valer las disposiciones agrarias y de rescate de la soberanía de la Constitución de 1917; al dar vigencia, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo; al expropiar a las compañías petroleras, rebeldes ante la justicia nacional, en 1938.

Todo eso fue posible en el pasado por la conjunción de dos factores: el patriotismo de los funcionarios que tomaron las decisiones y el respaldo popular que lograron para consolidar esas medidas. Ambos factores son condición indispensable para romper ataduras políticas y económicas, así como para poner en práctica medidas de beneficio y avance social de carácter universal.

Hoy, como antes, para romper dependencias se requerirá aplicar la ley con rigor, y en caso de presentarse inconformidades y litigios legales internacionales, probidad y capacidad profesional en quienes representen y defiendan los intereses nacionales. Se requerirá también confianza en sí mismos por parte de aquellos que tomen las decisiones y firmeza en la conducta para resistir las reacciones y presiones de los afectados.

Sin este primer paso, se encontrarán siempre limitaciones para poner en práctica medidas que propicien un reparto equitativo de la riqueza; el saneamiento de los aparatos de procuración y administración de justicia, hoy más urgente que nunca; el desarrollo de políticas de industrialización –que sobrepasen la maquila-; la creación de una banca comercial mexicana y la recuperación de la banca de fomento; la cancelación de los decretos de la privatización del agua en numerosas cuencas; y la recuperación de una política petrolera que se torne, como lo fue en el pasado, conductora del crecimiento económico y la industrialización. Sin ese primer paso no se vencerán las resistencias y manipulaciones de la corrupción. Sin este primer paso no se rechazarán las presiones indebidas internas y las que lleguen del exterior.

No bastan las buenas leyes. Decisivos en el combate a la corrupción son los equipos humanos responsables de cumplirlas y hacerlas cumplir y de ejecutar sin desviaciones ni claudicaciones las políticas del Estado. La vigencia real de un Estado de derecho depende y dependerá de ellos.

Habrá que apostar porque rija el derecho. Que la ley se aplique sin torceduras. Que se cumpla con ella. Que los derechos y las obligaciones reconocidos por las leyes puedan ejercitarse sin limitación alguna. Que la igualdad, valor fundamental de la democracia, se haga realidad en nuestra convivencia social y en las relaciones de México con el exterior. Si esto se logra, tendremos un país mejor y una sana y fructífera convivencia social.